La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones a dos empresas privadas por proporcionar información falsa para obtener contratos gubernamentales, informó la dependencia federal, en acciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta semana.
Una de las empresas sancionadas fue Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., a la que se le aplicó una multa de 977 mil 130 pesos y se le inhabilitó por un año y seis meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
La sanción se derivó de la presentación de información falsa en la celebración de un contrato adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México, relacionado con la rehabilitación del sistema de agua potable en la colonia Los Ángeles, en Tepexpan, municipio de Acolman.
La notificación de esta sanción se realizó el 10 de diciembre de 2025 y quedó inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide a la empresa participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México durante el periodo de inhabilitación.
La segunda empresa sancionada fue Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., la cual recibió una multa de 144 mil 330 pesos y fue inhabilitada por un año y tres meses.
La sanción se impuso después de que se determinó que la empresa presentó información falsa al participar en una adjudicación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la adquisición de medicamentos, al presentar una carta de apoyo del fabricante que no cumplía con los requisitos de veracidad exigidos.
Al igual que en el caso anterior, la sanción fue publicada en el DOF y la empresa ya está inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrá obtener contratos públicos con el Gobierno de México durante el tiempo que dure la inhabilitación.
Estas medidas forman parte de las acciones de la Secretaría Anticorrupción para combatir irregularidades en la contratación de obras y servicios públicos, especialmente cuando se detecta el uso de información falsa con el fin de obtener ventajas en los procesos de adquisición de bienes o servicios del sector público.
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