¿Prórroga o suspensión masiva? El registro de celulares llega al límite con millones de usuarios en el aire

El registro de celulares divide opiniones: el PAN pide 180 días de prórroga, la Concanaco dice que no El registro de celulares divide opiniones: el PAN pide 180 días de prórroga, la Concanaco dice que no
El registro de celulares divide opiniones: el PAN pide 180 días de prórroga, la Concanaco dice que no

A seis días de que venciera el plazo para el registro de celulares en México, la prórroga divide al sector público y privado. El senador panista Mario Vázquez solicitó formalmente 180 días adicionales, argumentando que existen errores en el padrón que el usuario no debería pagar. La Concanaco Servytur, en cambio, rechazó cualquier extensión y llamó a registrarse antes del 30 de junio. En medio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) perfila su propia prórroga de 120 días naturales —hasta el 28 de octubre—, pero aún no precisa los mecanismos de apoyo para las poblaciones con menor acceso a internet.

Prórroga registro celulares México: por qué el PAN pide extender el plazo

El senador Vázquez advirtió que no pueden aplicarse suspensiones masivas mientras persistan problemas de confiabilidad en el sistema. Entre los que señaló: posibles duplicaciones asociadas a la CURP, reportes ciudadanos de líneas vinculadas a su identidad sin que ellos las hayan registrado, falta de información pública sobre quejas e incidentes, y ausencia de mecanismos claros para verificar, corregir o desvincular registros incorrectos.

“Un teléfono celular hoy en día es mucho más que llamadas y mensajes: es banca móvil, trabajo, contacto con la familia, servicios de salud, aplicaciones y una herramienta esencial para la vida diaria”, argumentó. “No se puede trasladar a los ciudadanos la carga de resolver errores que deberían haber sido previstos desde el diseño del proceso.”

El legislador también pidió a la CRT que transparentara el número de líneas vinculadas, las quejas recibidas, las inconsistencias detectadas y las acciones correctivas adoptadas.

La Concanaco dice no: “que no la hagan a la mexicana”

Del otro lado del debate, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, fue contundente: “Nosotros no vamos a solicitar una prórroga; vamos a insistir en que, en estos seis días que restan, todos los ciudadanos que no han hecho el trámite lo realicen.”

De la Torre enmarcó el registro no como un trámite burocrático sino como una herramienta de seguridad: la extorsión telefónica representa el 85 por ciento de los intentos de ese delito en el país. Cada año se reportan más de 5,7 millones de casos, y siete de cada diez ocurren a distancia. A través del canal de denuncia 089, entre julio de 2025 y mayo de 2026 se recibieron 7 mil 243 llamadas que derivaron en mil 468 detenciones. “La denuncia sí sirve, el silencio beneficia a los delincuentes”, afirmó. Y en un llamado directo a la ciudadanía, pidió que “no la hagan a la mexicana”: que no dejen el trámite para el último momento.

Según datos de la Concanaco al 22 de junio, 62 millones 534 mil líneas habían sido vinculadas al padrón, de un total de más de 144 millones activas — lo que significa que más de 81 millones aún no han completado el proceso.

Los grupos vulnerables: la deuda pendiente de la CRT

Uno de los ángulos más sensibles del debate es el de las personas que no pueden registrarse fácilmente: quienes viven en zonas con acceso limitado a internet, carecen de teléfonos inteligentes o pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih 2025) del INEGI, el 13.9 por ciento de la población no usó internet el año pasado; el 21.7 por ciento de los hogares no dispone de conexión a internet.

Las entidades con mayor brecha son Chiapas (28.8% sin acceso a internet) y Oaxaca (21.4%). Entre quienes sí se conectan, el 26.6 por ciento se autoidentificó como indígena y el 4.7 por ciento habla lengua originaria.

La CRT dijo estar “en coordinación con organizaciones gubernamentales y del sector privado” para apoyar a estos grupos, y señaló que los proveedores —Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes (operadora de Bait y otros OMV)— están obligados a asesorar gratuitamente a las personas con discapacidad y a los miembros de comunidades vulnerables. Sin embargo, el organismo no precisó los mecanismos concretos de ese apoyo—una omisión que especialistas y legisladores consideran insuficiente a pocas horas del vencimiento del plazo.

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