SINALOA. – La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó al menos 22 asesinatos durante el fin de semana que abarcó del viernes al domingo, consolidándose como uno de los episodios más letales del año en esta entidad del noroeste mexicano.
- El sábado 26 de julio fue el día más crítico, con 16 homicidios distribuidos en municipios como Culiacán, Ahome, Elota y Sinaloa municipio
- En total, se contabilizaron 22 víctimas fatales, incluyendo agresiones en zonas urbanas densamente pobladas y dominadas por la violencia del narcotráfico.
En Culiacán, capital estatal, se encontraron 8 cuerpos en distintas colonias como Recursos Hidráulicos, Tepuche, Hacienda del Valle, Aquiles Serdán y Adolfo López Mateos. También falleció una persona que días antes había sido herida y hospitalizada
Por su parte, En Ahome, se hallaron al menos 4 cuerpos, uno en una bolsa negra en la carretera federal México 15.
También en Elota y el municipio de Sinaloa, se registraron víctimas con hallazgos de cadáveres en vías públicas o cercanías de carreteras.
Relevancia del suceso
En Sinaloa, la violencia se ha intensificado por una cruenta disputa territorial entre facciones del Cártel de Sinaloa, una lucha que ha permeado municipios clave en el estado como Culiacán, Ahome, Elota y Sinaloa. A raíz de la captura del líder Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2025, se detonó un enfrentamiento interno entre Los Chapitos y La Mayiza, cuyo saldo en los primeros seis meses del año ascendió a 883 homicidios y más de 1,500 personas desaparecidas; cifras extremadamente elevadas frente a las 224 muertes registradas en el mismo periodo de 2024.
La continuidad de esta violencia ha alterado la vida cotidiana en la capital del estado: Culiacán ha visto el cierre temprano de comercios, la reducción de actividades públicas y hasta el cambio hacia clases en línea en algunas escuelas, motivados por el miedo que viven los habitantes de la zona. Además, la presencia de fosas clandestinas, cuerpos colgados en puentes, narcomensajes y ejecuciones extrajudiciales refuerzan la percepción de impunidad y terror que viven las comunidades afectadas.
Este escenario crítico demanda respuestas urgentes y coordinadas no sólo de la Fiscalía estatal sino también del Gobierno federal, en un esfuerzo por contener el clima de violencia, restaurar la seguridad ciudadana y restaurar la confianza institucional de una población que ha visto cómo el poder del crimen organizado se expande sin freno.
