El reportero veracruzano Rafael León Segovia, conocido en medios como Lafita León, fue vinculado a proceso este martes por un juez en el estado de Veracruz tras enfrentar cargos por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, luego de que se desestimara el delito de terrorismo que inicialmente se le imputó, informó la Fiscalía General del Estado.
La audiencia, realizada en el Distrito Judicial de Coatzacoalcos, concluyó con la decisión judicial de imponer como medida cautelar resguardo domiciliario por un período de un año, mientras el proceso penal continúa su curso bajo la investigación correspondiente.
Acusaciones iniciales y controversia
León Segovia fue detenido el 24 de diciembre de 2025 por elementos de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la colonia Benito Juárez de Coatzacoalcos, tras ser señalado por la Fiscalía de Veracruz por delitos que incluían terrorismo, además de los otros cargos que finalmente se mantuvieron en el proceso.
Durante el desarrollo del caso, la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró públicamente que no existe el delito de terrorismo en su entidad ni en México, en aparente contradicción con la acusación formulada por la Fiscalía, lo que alimentó el debate y la atención mediática alrededor del caso.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció sobre el proceso, pidiendo a las autoridades de Veracruz que expliquen por qué se utilizó la figura de terrorismo, un delito que, según ella, no tiene precedentes en México para casos de ejercicio periodístico, y subrayando la importancia de garantizar la libertad de expresión y el debido proceso legal.
Respuestas y reacciones del gremio periodístico
Organizaciones como Artículo 19 y otros colectivos de periodistas han expresado su preocupación por la detención y el uso de cargos graves contra comunicadores, advirtiendo que la criminalización de la labor periodística podría representar un riesgo para la libertad de prensa en el país.
El caso de León Segovia se suma a un contexto más amplio de inquietud entre organismos nacionales e internacionales que han documentado detenciones o procesos judiciales contra periodistas en México, señalando la necesidad de proteger el ejercicio informativo y garantizar que las investigaciones no se utilicen como herramientas de censura o intimidación.
