El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, reafirmó su intención de intensificar la lucha contra los cárteles de la droga con una estrategia más agresiva, esta vez priorizando acciones “por tierra”. Según declaraciones recientes, su gobierno planea desplegar recursos para enfrentar directamente a organizaciones narcotraficantes a través de operaciones terrestres, en un esfuerzo por desmantelar su estructura operativa.
¿Qué implica este enfoque?
Operaciones frontales y directas: El énfasis estará en intervenciones en territorio, no solo en vigilancia marítima o aérea, con el objetivo de neutralizar cárteles y sus rutas de distribución.
Reconocimiento del problema como “guerra”: Trump argumenta que Estados Unidos se encuentra en una “guerra” contra los cárteles, lo que justifica un despliegue más agresivo y sostenido.
Impacto en la política migratoria y cooperación internacional: Aunque no lo menciona explícitamente en todas sus declaraciones, este tipo de estrategia suele venir acompañado de llamadas a reforzar colaboraciones con países vecinos, especialmente aquellos afectados por rutas de narcotráfico.
¿Por qué ahora?
La decisión parece responder a un contexto de creciente presión interna en Estados Unidos — derivado del consumo de drogas, tráfico y violencia asociada. Con esta postura, la administración de Trump busca mostrar mano dura y prometer resultados frente a una problemática persistente.
Críticas y riesgos destacados
Algunos analistas advierten que una estrategia agresiva “por tierra” podría aumentar la violencia en zonas vulnerables, implicar violaciones de derechos humanos y generar desplazamientos de población, sin garantizar la eliminación del narcotráfico. Otros temen que se enfoque más en represión que en políticas de salud pública o prevención.
Qué sigue: ¿un cambio de paradigma?
Si esta estrategia se consolida, podría marcar un cambio importante en la política de drogas de Estados Unidos, con un enfoque más militarizado. Esto requerirá una coordinación internacional fuerte, mecanismos de control de abuso, y — posiblemente — nuevas implicaciones para los países de tránsito y exportación hacia EE. UU.
