QUINTANA ROO.- Un órgano del Poder Judicial Federal dejó sin efectos el convenio mediante el cual la Fiscalía General de la República (FGR) había acordado con José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), evitar una pena de cárcel a cambio del pago de una indemnización millonaria relacionada con irregularidades del caso conocido como la Estafa Maestra.
Pech Galera, quien dirigió la UPQR durante la administración del exgobernador Roberto Borge y es hijo de un exaspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura estatal, había logrado un acuerdo con la FGR para resarcir un daño estimado en 20 millones de pesos. No obstante, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Apelación determinó invalidar dicho arreglo al considerar que no existían elementos suficientes que garantizaran la devolución efectiva de los recursos públicos, tal como lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según información difundida por el diario Reforma, el convenio fue avalado en noviembre de 2024 por una jueza del Reclusorio Oriente, quien dictó una sentencia condenatoria reducida de ocho meses y 29 días de prisión, permitiendo al exfuncionario eludir el encierro mediante el pago del monto señalado. Sin embargo, la ASF interpuso un recurso al señalar que no se comprobó la solvencia económica del acusado para cubrir la reparación del daño.
El tribunal coincidió con los argumentos de la Auditoría y resolvió dejar sin validez la sentencia abreviada, ordenando que el procedimiento penal se reactive. Con ello, el exrector deberá enfrentar nuevamente la etapa intermedia del proceso y, de ser necesario, un juicio oral en el que podría recibir una sanción más elevada.
De acuerdo con la causa penal, Pech Galera fue procesado en abril de 2022 por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de la firma de un convenio celebrado el 29 de septiembre de 2015 entre la UPQR y la entonces Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), operación que forma parte del esquema de desvíos de recursos federales identificado como la Estafa Maestra.
Las indagatorias establecen que, mediante dicho acuerdo, la Sedatu transfirió a la universidad más de 20 millones de pesos, fondos que posteriormente fueron canalizados a empresas privadas sin que se acreditara la correcta ejecución de los servicios contratados. La FGR documentó que al menos 6.8 millones de pesos fueron asignados a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, mientras que el resto se distribuyó entre otras compañías.
Durante el proceso judicial también se expuso que Pech Galera era el representante legal y firmante único de la cuenta bancaria utilizada para manejar los recursos, y que durante su gestión se adquirieron tres vehículos de la marca Mazda —dos CX3 y una CX9— con un valor superior a 1.5 millones de pesos, además de realizarse transferencias a diversas razones sociales.
El tribunal enfatizó que no se demostró la procedencia ni la disponibilidad real del dinero con el que se pretendía cubrir la reparación del daño, motivo por el cual consideró improcedente concluir de manera anticipada el proceso penal.
Con esta decisión, el expediente relacionado con la Estafa Maestra en Quintana Roo regresa a los tribunales, abriendo la posibilidad de que el exrector enfrente una sentencia más severa por el presunto desvío de recursos públicos federales. z
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