El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, presentó el 30 de junio el balance de tres años de combate concentrado contra la trata de personas: 133 imputados en proceso penal, 211 cateos ejecutados, mil 182 víctimas identificadas y 28 sentencias condenatorias con penas de hasta 30 años de prisión. A esto se suma el operativo del 1 de julio, un operativo conjunto de la FGE y la Guardia Nacional rescató a 17 mujeres en un bar de Othón P. Blanco, Chetumal —el más reciente de esa secuencia de cateos—, en una entidad donde la fiscalía ha procesado, de enero a agosto de 2025, el 26 por ciento de todas las carpetas de investigación por trata abiertas en el país en ese periodo.
Trata de personas Quintana Roo: el operativo del 1 de julio y el esquema de captación en Chetumal
El cateo del martes se realizó en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Héroes de Chapultepec e Isla Contoy, en la colonia Barrio Bravo de Chetumal, tras una orden de juez de control derivada de investigaciones de campo y de gabinete. Las 17 mujeres rescatadas —varias de ellas procedentes de otros estados— llegaron al establecimiento tras anuncios en redes sociales que ofrecían empleo como meseras o edecanes, con ingresos por encima del promedio. De acuerdo con las primeras declaraciones ante la FGE, el esquema operaba en tres fases: primero, las contrataban para convivir con los clientes y promover el consumo de bebidas, con copas de 200 a 700 pesos de las que recibían la mitad; después, las hacían realizar bailes eróticos cobrados a 800 pesos; finalmente, las obligaban a ofrecer servicios sexuales a un precio de dos mil pesos, tarifa que incluía una botella de licor y el uso de un cuarto habilitado dentro del local. Durante el cateo, los agentes aseguraron una bolsa con hierba de aspecto similar al de la marihuana, preservativos, libretas con anotaciones y una computadora. El inmueble quedó bajo resguardo ministerial. Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de un juez. Las 17 mujeres recibieron atención especializada y fueron canalizadas al sistema estatal de protección a las víctimas.
El patrón se repite. En mayo de 2026, la FGE rescató a 28 mujeres y detuvo a 11 personas en un cateo a un club nocturno en la misma municipalidad; en enero de 2026 rescató a 20 más en Playa del Carmen; en marzo de 2025, el Día Internacional de la Mujer, ejecutó dos cateos simultáneos en Othón P. Blanco y Bacalar que liberaron a 21 mujeres, entre ellas guatemaltecas y una beliceña, cuyos captores retenían sus pasaportes y amenazaban a sus familias para mantenerlas bajo control.
Los avances de la FGE: mil 182 víctimas identificadas, 28 sentencias y la reforma legislativa de 2025
En el balance presentado el 30 de junio, López Salazar informó que de las mil 182 víctimas identificadas durante su gestión, 922 son mexicanas y 260 provienen del extranjero: Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, India, Perú, Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Italia y Noruega. Ciento cuarenta y tres de las víctimas son menores de edad. Los 28 juicios orales concluidos resultaron en sentencias condenatorias con penas que, en los casos más graves, alcanzan los 30 años de prisión; 133 imputados se encuentran actualmente en proceso.
En enero de 2026, el fiscal había presentado las cifras de la primera mitad de 2025: de enero a agosto de ese año, la FGE abrió 140 carpetas de investigación por trata —el 26 por ciento del total nacional en ese periodo—, detuvo a 43 personas y rescató a 480 mujeres de distintos países. Entre las víctimas identificadas había 46 menores, algunos de entre uno y siete años, y 22 mujeres indígenas. López Salazar aclaró en esa conferencia que el incremento del número de carpetas abiertas no refleja un agravamiento del problema, sino que la denuncia funciona y el sistema de persecución opera con mayor efectividad.
En diciembre de 2025, la gobernadora María Elena Lezama Espinosa presentó una iniciativa que la XVIII Legislatura aprobó como Decreto 184, publicado en el Periódico Oficial el 10 de diciembre. El decreto reformó simultáneamente la ley de trata, la ley de igualdad entre mujeres, la ley de acceso a una vida libre de violencia, el código penal, la ley de juventud, la ley de prevención del VIH, la ley de seguridad escolar, la ley de víctimas y la ley de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres ante la violencia y de incorporar el principio de igualdad salarial.
