By CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, decidió ajustar a la baja su presupuesto proyectado para el ejercicio fiscal 2026. Esto tras la solicitud hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien urgió al Poder Judicial a readaptar sus solicitudes presupuestarias en concordancia con los principios de austeridad vigentes.
¿Qué se proponía originalmente?
- La propuesta original para 2026 contemplaba 5,869 millones de pesos para la SCJN, un aumento real del 8.1 % con respecto al presupuesto de 2025.
- Para todo el Poder Judicial de la Federación (PJF), la solicitud era de aproximadamente 85,960 millones de pesos, lo que implicaba también un incremento frente al año precedente.
La reducción presupuestal y los motivos
- Tras analizar el anteproyecto aprobado por la gestión pasada (previo al cambio de ministros), la nueva Corte solicitó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) revisar las cifras para ajustarlas a la baja.
- La Corte argumenta que el aumento planteado no refleja “la nueva realidad” bajo la nueva integración de ministros, ni una aplicación responsable de los recursos, y por eso busca ejercer un mayor control y eficiencia en el uso del presupuesto.
Petición presidencial y reorientación de recursos
- Claudia Sheinbaum pidió al Congreso reorientar alrededor de 15 mil millones de pesos que estaban considerados para el Poder Judicial hacia sectores como salud, educación, cultura, infraestructura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- También enfatizó que bajo la nueva Corte los salarios “no van a ser tan altos”, como parte de una política de austeridad y responsabilidad fiscal.
Importancia institucional y contexto
- Este ajuste refleja la intención de la SCJN de mostrar congruencia con los discursos de austeridad del gobierno federal.
- La reforma judicial de 2024, que modificó la integración de la Corte y los métodos de elección de los ministros, marca un parteaguas institucional. Esta nueva etapa incluye mayores exigencias de transparencia y responsabilidad financiera.
