La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó recientemente su respaldo a la figura de prisión preventiva oficiosa al argumentar que se trata de una herramienta necesaria para garantizar la seguridad ante el grave entorno delictivo que vive el país. Durante su intervención, defendió que la reforma constitucional al artículo 19 no implica instaurar “un régimen de excepción”, ya que su aplicación requiere presentar pruebas suficientes al juez antes de ordenar la medida, expresó que existe un catálogo limitado a delitos graves como extorsión, secuestro, feminicidio, violencia familiar o corrupción, y subrayó que la medida no elimina el debido proceso ni la presunción de inocencia.
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Sheinbaum recordó que la medida busca proteger a la sociedad y evitar que presuntos responsables huyan, destruyan evidencia o amenacen a víctimas, testigos y funcionarios judiciales. Además, enfatizó que solo se aplica cuando el Ministerio Público presenta evidencia sólida y el juez emite una orden fundada .
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos, como la ONU- Derechos Humanos, han señalado que esta figura vulnera la presunción de inocencia, genera sobrepoblación carcelaria y contradice resoluciones internacionales que han llamado a su eliminación, argumentando que criminaliza en exceso a las personas sin juicio previo .
En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han solicitado a México revisar esta figura, mientras la Suprema Corte de Justicia enfrenta una decisión crítica: mantener, reformar o abolir la prisión preventiva oficiosa antes de su reestructuración en septiembre de 2025. La presidenta Sheinbaum ha pedido respetar la actual reforma y aplazar cualquier resolución hasta que el nuevo pleno judicial esté conformado.
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