La Secretaría de Gobernación dio a conocer un paquete de diez medidas prioritarias para poner en marcha las recientes modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. Estas acciones buscan fortalecer el marco legal, institucional y operativo para localizar a personas desaparecidas, incorporando la contribución de colectivos de víctimas y diversas instancias involucradas en el proceso.
Principales medidas anunciadas:
- Expedición del reglamento de la nueva ley, con plazo máximo hasta el 15 de octubre de 2025.
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda, incorporando planes de seguridad y protección para las familias afectadas.
- Poner en marcha la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda, herramientas tecnológicas para agilizar la localización.
- Empleo de datos biométricos e imágenes satelitales como recursos de apoyo en las operativos de búsqueda.
- Fortalecimiento de las fiscalías especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses, con recursos y personal capacitado.
- Creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, para garantizar registro y seguimiento en tiempo real de cada caso.
- Atención al rezago forense, agilizando la identificación digna de restos humanos derivados de fosas comunes.
- Atención integral a hijos e hijas de personas desaparecidas, incluyendo acceso a programas sociales.
- Reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, con sesiones periódicas interinstitucionales.
- Armonización de la legislación local, alineando normativas estatales y municipales con la nueva ley general.
Colaboración con colectivos y dependencias
Las medidas responden a más de 450 colectivos y familias que participaron en 90 mesas de diálogo, aportando cerca de 570 propuestas legislativas y de política pública. A partir de ese diseño colectivo, la Secretaría de Gobernación estableció los plazos, responsabilidades y mecanismos de participación de 17 dependencias, incluidas la Fiscalía General, Renapo, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Cruz Roja y la ONU.
Avance e implicaciones
Con estas acciones, el gobierno federal busca dejar atrás una etapa donde la norma quedaba únicamente en papel, para dar paso a una ejecución real y coordinada de las reformas. Se espera que la implementación de protocolos, bases de datos y herramientas tecnológicas mejore la eficacia en la localización de las personas desaparecidas y en la dignificación de las víctimas.
Este paquete constituye el mecanismo operativo para traducir en hechos las normas aprobadas por el Congreso, respondiendo a la exigencia de familiares y defensores de derechos humanos de que el sistema deje de ser reactivo y se convierta en una política pública efectiva y centrada en las víctimas.
