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Ricardo Gallardo defiende la llamada “Ley Esposa” que obliga a postular solo mujeres para la gubernatura

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, salió en defensa de la reforma electoral aprobada por el Congreso local conocida popularmente como “Ley Esposa”, luego de las críticas que ha generado en distintos sectores políticos y sociales. La modificación establece que, para el proceso electoral de 2027, los partidos solo podrán registrar candidaturas femeninas para la gubernatura del estado.

Qué es la “Ley Esposa”

La reforma fue aprobada el pasado 14 de diciembre y modifica varios artículos de la Constitución de San Luis Potosí y de la Ley Electoral estatal, con el objetivo de garantizar la paridad de género y abrir la posibilidad de que una mujer pueda llegar por primera vez a la gubernatura en la historia de la entidad. 

Sin embargo, críticos de la medida señalan que la modificación fue diseñada para favorecer políticamente a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador, quien es vista como posible candidata para 2027. 

Defensa de Gallardo

Gallardo afirmó que la reforma no busca beneficiar a ninguna persona en particular, sino que responde a la necesidad de avanzar en la paridad de género en la política local, además de señalar que San Luis Potosí nunca ha tenido una gobernadora en sus más de 80 años de historia.

En diversas entrevistas con medios, el mandatario criticó a quienes se oponen a la iniciativa y aseguró que algunos críticos lo hacen porque, a su juicio, “le tienen miedo a las mujeres”, al tiempo que resaltó que existe una variedad de perfiles femeninos listos para competir en el próximo proceso electoral. 

Críticas y acciones legales

Partidos como Morena anunciaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que la medida limita la libertad y competencia política al restringir las candidaturas únicamente a mujeres. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también pidió revisar la constitucionalidad del decreto, indicando que no está claro que la ley sea exclusivamente para apoyar a las mujeres y ordenó que su equipo jurídico analice el caso para evitar posibles problemas legales. 

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