La Cámara de Diputados incorpora más de 30–50 ajustes al proyecto original; se suavizan sanciones y se atienden demandas de ejidatarios y pequeños agricultores.
Qué se modificó en el dictamen
Las negociaciones en la Cámara de Diputados derivaron en un nuevo proyecto de dictamen con alrededor de 50 cambios fundamentales respecto a la iniciativa original enviada por el Ejecutivo para reformar las leyes del agua.
Entre los ajustes destacan la flexibilización de sanciones por delitos hídricos —como el desvío ilegal o acaparamiento de agua—, lo que implica reducciones en las multas y penas originalmente propuestas.
También se aclararon reglas sobre concesiones y su transmisión, incluyendo un régimen más comprensivo para la cesión de derechos, en particular para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, lo que permite la herencia de concesiones en ciertos casos.
El dictamen retocado prevé que el volumen de agua que puede perderse o cancelarse esté debidamente fundado —con requisitos claros— evitando decisiones arbitrarias sobre cancelaciones de concesiones.
Producto de demandas del campo y negociaciones
Los cambios fueron anunciados tras intensas protestas de campesinos, productores y transportistas que bloquearon carreteras, aduanas y puentes en varios estados.
El coordinador parlamentario de la bancada oficial, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los ajustes responden a cerca de 450 participaciones hechas en foros públicos, donde los sectores agrarios manifestaron sus temores respecto al uso del agua, la transmisión de concesiones y la penalización estricta.
Según Monreal, el nuevo dictamen representa un “buen instrumento jurídico” que busca proteger el agua como recurso nacional, prevenir usos indebidos, acaparamientos y asegurar que las concesiones acompañen a la tierra y a quienes trabajan en ella.
Qué implica el nuevo dictamen
- Se preservan derechos históricos de ejidatarios, comuneros y pequeños productores, al permitir la herencia o transmisión de concesiones dentro de su familia o estructura comunitaria.
- Se eliminan —o al menos modifican— algunas de las sanciones más polémicas previstas contra quienes usen o transmitan agua sin autorización, lo cual podría beneficiar a productores afectados por la regulación estricta.
- El dictamen mantiene mecanismos para combatir el acaparamiento de agua, la venta ilegal de concesiones y usos distintos a los autorizados.
Próximos pasos
El proyecto de dictamen ya fue circulado en la Cámara de Diputados —la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento distribuyó el documento modificado el 29 de noviembre de 2025.
Está programada su discusión en comisiones y posiblemente su votación en el pleno la primera semana de diciembre.
