Las acusaciones en Irán contra el gobierno y la contención estatal han dejado más de 500 personas muertas y miles de detenidos, según cifras de organizaciones de derechos humanos que monitorean el conflicto tras más de dos semanas de movilizaciones en diversas ciudades del país.
Estas protestas y represión en Irán que han provocado centenares de fallecidos resume la gravísima situación que se vive en la República Islámica, donde las manifestaciones, inicialmente motivadas por la crisis económica y el aumento del costo de vida, se extendieron por más de 100 ciudades y evolucionaron hacia reclamos directos contra el régimen.
De acuerdo con datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, se han verificado al menos 538 fallecimientos, entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, y más de 10 mil 600 detenciones desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de diciembre de 2025.
Las cifras podrían seguir aumentando debido a la dificultad de acceso a información independiente dentro de Irán, donde se ha impuesto un apagón casi total de internet y comunicaciones.
Las protestas y represión en Irán por parte de las fuerzas de seguridad han sido descritas como brutales, con uso de munición real, arrestos masivos y operativos en amplias zonas urbanas para dispersar a los manifestantes.
Organizaciones civiles que siguen el conflicto han señalado que entre los fallecidos hay manifestantes desarmados, incluidos menores de edad, aunque las cifras exactas varían según las fuentes debido a las restricciones informativas.
Por su parte, el gobierno iraní ha atribuido las protestas a “saboteadores” y ha responsabilizado a actores externos por promover la inestabilidad, mientras que las organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones graves a las libertades civiles y peticiones de rendición de cuentas por los enfrentamientos.
Este episodio representa una de las protestas más mortíferas en Irán en años recientes, marcando un momento crítico en la relación entre la población civil y el régimen gobernante, con repercusiones políticas y humanitarias que continúan desarrollándose.
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