By CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada de Morena, Elizabeth Mateos, presentó ante el Congreso capitalino la iniciativa denominada “Traición, cero liquidación”, que busca reformar el Código Civil de la Ciudad de México para que las personas que cometan infidelidad, abandono o violencia dentro del matrimonio pierdan el derecho a los bienes comunes al momento del divorcio.
La propuesta plantea modificar la fracción V y adicionar una fracción al artículo 267 del Código Civil, con el objetivo de otorgar a los jueces la facultad de negar la liquidación de la sociedad conyugal a quien haya incumplido sus deberes conyugales o traicionado la confianza de su pareja.
“En el divorcio de una sociedad conyugal se trata igual al cónyuge que construyó el hogar y al que lo destruyó con infidelidad, abandono o violencia, entregándole la mitad del patrimonio que no aportó ni ayudó a aportar”, señaló Mateos durante la presentación de su iniciativa.
La diputada explicó que la medida busca evitar que el divorcio se convierta en un “premio” para quienes hayan fallado a su pareja o cometido actos de violencia. “Quien ama, comparte; quien respeta, construye; pero quien traiciona, debe perder”, afirmó.
De aprobarse, la reforma aplicaría para los matrimonios celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, permitiendo que el cónyuge afectado conserve la totalidad de los bienes si se demuestra la existencia de faltas graves.
Actualmente, en México no es necesario comprobar la infidelidad para solicitar un divorcio, y las consecuencias legales se limitan a aspectos como la pérdida de la patria potestad o la posibilidad de solicitar pensión alimenticia para la parte afectada.
El contexto detrás de la iniciativa refleja una realidad preocupante: según datos del Gobierno de la Ciudad de México, los divorcios han aumentado más del 30% en la última década, mientras que la violencia de pareja alcanza un 39.9%.
Mateos aseguró que su propuesta busca proteger a las personas que, tras años de esfuerzo y dedicación, se ven obligadas a compartir su patrimonio con cónyuges que han cometido traiciones o abusos, lo que —dijo— genera “una injusticia económica y emocional”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino para su análisis y dictamen.
