Prisión preventiva a tres detenidos en Jalisco

FGR obtiene prisión preventiva por delincuencia organizada en Jalisco

Jalisco, México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la prisión preventiva oficiosa contra tres personas detenidas en Jalisco, señaladas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con fines de secuestro.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación formal contra Diego “N”, Juan Manuel “N” y Juan Gabriel “N”.

En el caso de Diego “N” y Juan Gabriel “N”, la autoridad federal también les imputó el delito de secuestro agravado, derivado de las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente.

La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el órgano jurisdiccional concedió el plazo legal para que se determine su situación jurídica en una audiencia posterior.

Las detenciones se realizaron en territorio jalisciense, como resultado de un operativo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales, como parte de acciones contra delitos de alto impacto.

Delincuencia organizada en Jalisco: proceso judicial en curso

De acuerdo con la FGR, las acciones se desarrollaron conforme a los protocolos legales vigentes, y las personas imputadas permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa, medida cautelar establecida por la ley para este tipo de delitos.

La Fiscalía reiteró que toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente, conforme a lo establecido en la Constitución y el debido proceso.

El caso se mantiene en etapa de investigación complementaria, mientras se continúan recabando elementos que permitan al juez resolver sobre la vinculación a proceso de los imputados.

Las autoridades federales señalaron que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para combatir estructuras delictivas, garantizar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de derecho.

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