Foto: Captura de video del Facebook de Ejido Guajes de Ayala
Habitantes del ejido Guajes de Ayala, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, denunciaron este miércoles que presuntos integrantes de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana los atacaron con disparos de armas de fuego y con drones explosivos desde las 6:00 de la mañana. Decenas de mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad —alrededor de 70, según reportó la agencia AP— se refugiaron en una clínica de salud abandonada de la comunidad de El Pescado mientras pedían auxilio al gobierno de la República y del estado, a quienes acusaron de ignorar sus peticiones de seguridad durante los últimos 15 días.
En videos difundidos en Facebook, pobladoras relataron la desesperación del ataque. “Nos tienen rodeados, nuestros maridos están afuera defendiendo, pero hay muertos y heridos”, dijeron algunas mujeres desde el refugio, mientras otra habitante afirmó, según recogió La Jornada: “Sabemos que muchos de nuestros esposos están muertos o heridos”, sin que, hasta el cierre de esta nota, se haya precisado un número oficial de víctimas. Otra grabación recoge la voz de una mujer pidiendo auxilio mientras se escuchan disparos de fondo: “Ayuda, ayuda, nos están tirando. Para que no digan que no hay pruebas”. Las pobladoras explicaron que los disparos impactan directamente en las viviendas, muchas de ellas con paredes de madera y techos de lámina, y solicitaron que el apoyo llegue en helicóptero, ya que consideran inseguro el acceso por tierra. También reportaron escasez de agua y de alimentos entre las familias resguardadas.
Las comunidades también difundieron un comunicado formal dirigido “al pueblo de México y a la comunidad internacional”, en el que piden a las autoridades “adoptar de manera inmediata medidas para proteger a la población, brindar atención médica a las personas lesionadas, garantizar el acceso seguro a alimentos y medicamentos, investigar los hechos denunciados y restablecer las condiciones de paz y seguridad”. El texto invoca los artículos 1, 4 y 21 de la Constitución mexicana, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y solicita el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. “No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo el respeto al derecho más elemental reconocido por el derecho nacional e internacional: el derecho a vivir”, concluye el documento.
De acuerdo con los propios habitantes, desde el 14 de junio, las autoridades del ejido —integrado por siete comunidades— ya habían alertado sobre el avance de hombres armados de La Nueva Familia Michoacana y habían solicitado el apoyo del Ejército y de la Guardia Nacional para evitar un enfrentamiento con la autodefensa local. Desde un choque armado entre sicarios de ese grupo y la autodefensa de Guajes de Ayala, ocurrido a mediados de octubre de 2025, la zona permanece sin personal de salud ni maestros. De acuerdo con reportes previos de La Jornada, ese grupo criminal busca desplazar a los ejidatarios de Coyuca de Catalán como parte de una disputa por la producción de fentanilo en la zona serrana. El pasado 6 de julio, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” ya había pedido a las autoridades una acción urgente para atender a estas familias, y advirtió que la violencia en la región podría derivar en un nuevo desplazamiento forzado de comunidades enteras: “No se trata de hechos aislados; los acontecimientos reflejan dinámicas de violencia asociadas a la presencia y disputa entre grupos armados”, señaló el organismo.
La respuesta de las autoridades ha sido contradictoria. Por la mañana, el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, evadió pronunciarse sobre la denuncia y solo dijo que el personal de seguridad se dirigía a verificar la situación, “porque a veces en redes sociales se manejan cosas que no son ciertas”. Según la agencia AP, el Gabinete de Seguridad federal llegó a publicar en X que los hechos “descritos en artículos periodísticos han sido descartados” por las autoridades, aunque en el mismo mensaje anunció que las fuerzas estatales se dirigían a la zona “para verificar la situación, fortalecer la presencia institucional y brindar seguridad a la población”. Por la tarde, el gobierno estatal confirmó el envío de un operativo conjunto de policías y militares a la comunidad de El Pescado.
Un grupo de organizaciones e instancias académicas —la Ibero Ciudad de México, el Centro Minerva Bello, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” y el Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo— emitió un pronunciamiento conjunto en el que advierte sobre el riesgo de un nuevo desplazamiento interno en las comunidades de la Sierra de Coyuca de Catalán. Las organizaciones firmantes exhortaron a las autoridades federales, estatales y municipales a “implementar medidas urgentes de prevención y protección” para las comunidades de la zona, a garantizar condiciones de seguridad para la población civil y a atender de forma inmediata las denuncias de las autoridades comunitarias, que reportan “más de quince días de vigilancia permanente” para resguardar a sus familias. El documento también pide fortalecer los mecanismos de monitoreo y alerta temprana, asegurar el acceso a la ayuda humanitaria y establecer canales de comunicación permanentes con las comunidades para evitar una mayor escalada de la violencia. Las organizaciones advierten que el desplazamiento “rara vez ocurre de manera repentina” y suele estar precedido de amenazas, enfrentamientos, bloqueos de caminos y otras formas de violencia que deterioran progresivamente la seguridad, con un patrón ya documentado en la región desde enero de 2026.
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