CIUDAD DE MÉXICO. — Legisladores de Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley para exigir a la administración estadounidense activar un panel de arbitraje del T-MEC contra México, al acusar que el gobierno favorece a CFE y Pemex mediante políticas energéticas discriminatorias.

Contexto de la controversia

Según la solicitud de consultas presentada por los EE.UU., México habría adoptado medidas que benefician a sus empresas estatales CFE y Pemex, entre ellas modificaciones a la ley eléctrica que dan prioridad a la CFE frente a competidores privados.
Estas medidas contravendrían provocativamente las obligaciones establecidas en el T-MEC en materia de trato nacional, acceso al mercado y empresas estatales.
Bajo el T-MEC, el artículo 31 prevé que, si las consultas entre países no resuelven la controversia en 75 días, una de las partes puede solicitar la creación de un panel de arbitraje.

Qué piden los legisladores

Los congresistas estadounidenses solicitan que el presidente de EE.UU. (actualmente no identificado en la iniciativa) actúe con firmeza para:

Garantizar que México brinde a las empresas estadounidenses un trato no menos favorable que las mexicanas.
Defender los intereses de las compañías energéticas de EE.UU. frente a lo que califican como barreras estructurales en el mercado energético mexicano.
Activar el mecanismo del T-MEC que podría derivar en sanciones comerciales si se determina que hubo violación a los compromisos del tratado.

Relevancia para México

Esta disputa pone en evidencia la tensión entre soberanía energética nacional y obligaciones internacionales en materia de comercio. Para México, la batalla legal podría implicar no solo consecuencias económicas, sino también cuestionamientos al modelo de control estatal del sector energético.
Además, para inversionistas privados y extranjeros, la inestabilidad regulatoria y los litigios internacionales representan un factor de riesgo relevante.

Qué sigue

México y EE.UU. seguirán en negociaciones para tratar de resolver la controversia antes de la instauración formal del panel de arbitraje.
Si no se llega a un acuerdo, el panel podría adjudicar sanciones a México o recomendar cambios regulatorios en las políticas energéticas.
La revisión del T-MEC en 2026 podría incluir este caso como precedente para discusiones más amplias sobre empresas estatales y competencia en América del Norte.