Internacional.- La Unión Europea puso en marcha este 12 de junio uno de los cambios más importantes en materia migratoria de los últimos años. Con la entrada en vigor del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, los 27 Estados miembros deberán aplicar procedimientos más estrictos para gestionar la llegada de migrantes, reforzar los controles en las fronteras y asumir nuevas obligaciones de solidaridad para compartir la responsabilidad de la acogida.
Tras haber sido aprobado hace dos años, el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo comenzó oficialmente su implementación, marcando un giro significativo en la gestión migratoria del bloque comunitario.
La Comisión Europea destacó que el objetivo principal de este nuevo marco legal es poner fin al sistema fragmentado que operaba hasta ahora y construir una respuesta común frente a los crecientes flujos migratorios que enfrenta el continente.
Con ello, Bruselas busca homogeneizar los procedimientos y garantizar que todos los países actúen bajo criterios similares.
La nueva política migratoria europea establece controles más rigurosos para quienes ingresen de manera irregular al territorio comunitario.
Uno de los principales cambios consiste en que cualquier persona que cruce irregularmente una frontera exterior de la Unión Europea deberá ser identificada en un plazo máximo de siete días.
Las autoridades revisarán su situación migratoria y recopilarán información para determinar si la persona puede acceder al procedimiento de asilo o si deberá iniciar un proceso de retorno.
Este endurecimiento ha generado tanto respaldo como críticas entre organizaciones humanitarias y gobiernos nacionales.
El pacto también reforma el sistema Eurodac, la base de datos europea utilizada para registrar huellas dactilares.
A partir de ahora, esta herramienta evolucionará hacia una plataforma integral de gestión migratoria que incluirá imágenes faciales y otros datos biométricos.
Uno de los aspectos más controvertidos es la reducción de la edad mínima para el registro biométrico, que pasará de 14 a 6 años.
Defensores de los derechos humanos han expresado preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la privacidad y protección de los menores.
Otro de los pilares del acuerdo es la creación de un mecanismo más rápido para tramitar solicitudes de protección internacional.
El nuevo sistema contempla un procedimiento acelerado de hasta 12 semanas para personas que ingresen de forma irregular.
Durante ese periodo se analizará la petición de asilo y, en caso de rechazo, se ejecutará el retorno del solicitante.
Además, mientras dure el proceso, la persona no será considerada jurídicamente dentro del territorio europeo.
Este mecanismo será obligatorio para quienes representen un riesgo para la seguridad o procedan de países cuyos ciudadanos obtienen protección internacional en menos del 20 % de los casos evaluados por la Unión Europea.
El acuerdo también introduce un sistema de solidaridad obligatorio destinado a aliviar la presión migratoria que enfrentan países como España, Italia, Grecia y Chipre.
Todos los Estados miembros deberán contribuir mediante la reubicación de solicitantes, apoyo operativo o aportaciones económicas equivalentes a 20 mil euros por cada persona que les correspondería acoger.
Sin embargo, la implementación ya enfrenta obstáculos. Aunque el objetivo para 2026 es reubicar a 21 mil personas, los compromisos asumidos hasta ahora representan menos de la mitad de esa cifra. Además, Hungría y Eslovaquia no han ofrecido plazas para participar en el programa.
La frase clave “Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo” resume una reforma que redefine la manera en que Europa gestionará la migración en los próximos años. Mientras sus defensores sostienen que aportará orden y corresponsabilidad, sus detractores advierten sobre posibles riesgos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Redacción
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