RIO DE JANEIRO, Brasil. — El operativo policial realizado el martes 28 de octubre en los complejos de favelas Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, dejó un saldo de al menos 130 personas muertas, según la evaluación de la Defensoría Pública del Estado.

La operación, denominada Operação Contenção (“Operación Contención”), movilizó aproximadamente 2 500 agentes entre policías civiles y militares, apoyados por vehículos blindados, helicópteros y drones, y apuntó al control del grupo delictivo Comando Vermelho.

Qué pide la ONU

El alto comisionado para los derechos humanos de la United Nations Human Rights Office (ONU-DDHH), Volker Türk, calificó el número de víctimas como “horrible” y exigió al Estado brasileño llevar a cabo investigaciones independientes y eficaces para aclarar las circunstancias de las muertes, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y que las operaciones policiales respeten los estándares internacionales de uso de la fuerza.

Por qué importa

Esta acción representa la operación policial más letal en la historia de Río de Janeiro y posiblemente en Brasil, al sobrepasar los 120 muertos.
El hecho ocurre en una zona marcada por la presencia de crimen organizado y controla rutas claves, lo que plantea un gran desafío de seguridad y derechos humanos.
Las consecuencias para la población local son severas: habitantes reportan escenas de guerra, cuerpos amontonados en plazas, escuelas cerradas y calles tomadas por operativo militarizado.
Desde la perspectiva de tu columna “Sin miramientos”, ofrece material para cuestionar: ¿hasta qué punto se justifica el uso de fuerza tan extrema? ¿Cuántos de los muertos eran civiles no vinculados al crimen? ¿Qué mecanismos de control existen para prevenir ejecuciones extrajudiciales?

Qué sigue

La Fiscalía y organismos de derechos humanos en Brasil deberán presentar reportes sobre cómo se llevó a cabo la operación, cuántas personas arrestadas estaban vinculadas al crimen y cuántas pudieron ser civiles.
La ONU exigirá que se identifiquen responsables —dentro de las fuerzas de seguridad— si se documentan abusos, y que se otorguen reparaciones a las familias de las víctimas.
A nivel internacional, este caso puede afectar la imagen de Brasil en materia de derechos humanos, justo cuando el país se prepara para eventos mundiales de alto perfil.