Jalisco, México.- Las maquinitas tragamonedas ilegales continúan siendo un problema persistente en distintos municipios de Jalisco, donde autoridades reconocen que, aunque se realizan decomisos, los aparatos suelen reaparecer en cuestión de días, manteniendo activo un negocio fuera de la ley.
Durante una reciente postura pública, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que la inspección y vigilancia de estos dispositivos corresponde constitucionalmente a los municipios. Sin embargo, señaló que el Gobierno del Estado puede intervenir si existen convenios formales que otorguen las facultades legales necesarias.
El mandatario estatal planteó la posibilidad de realizar operativos conjuntos entre inspección municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército, con el objetivo de evitar que los responsables se amparen o evadan sanciones por vacíos legales.
Maquinitas ilegales y operativos municipales
En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el presidente municipal informó que se han llevado a cabo al menos tres operativos, logrando el retiro de más de 300 maquinitas ilegales. No obstante, reconoció que el problema persiste debido a la reinstalación constante de estos equipos.
El alcalde también advirtió que inspectores municipales han recibido amenazas, motivo por el cual se ha reforzado la coordinación con fuerzas estatales y federales, buscando garantizar la seguridad del personal y la continuidad de los operativos.
Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó que cada municipio enfrenta dinámicas distintas, pero reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, especialmente en acciones que ayuden a reducir delitos de alto impacto.
Maquinitas ilegales y coordinación interinstitucional
Las autoridades coincidieron en que el combate a las maquinitas ilegales requiere operativos constantes, colaboración entre niveles de gobierno y acuerdos legales sólidos, para frenar un fenómeno que impacta la legalidad, la seguridad y la economía local.
El reto, señalaron, no solo es el retiro de los aparatos, sino impedir su retorno y desarticular las posibles redes que operan detrás de este comercio ilegal.
