ESTADOS UNIDOS.- Un contingente bipartidista de 75 legisladores del Congreso estadounidense hizo público un pronunciamiento dirigido al secretario de Estado, Marco Rubio, en el que manifiestan su desacuerdo con las amenazas emitidas por el presidente Donald Trump respecto a un posible uso de la fuerza dentro de México sin autorización legislativa.
Reacciones
Los congresistas señalaron que Trump ha difundido la idea, considerada falsa por el propio Capitolio, de que puede ordenar acciones militares sin la aprobación del Congreso.
El señalamiento hace referencia a una conversación en Fox News donde el presidente afirmó que los cárteles “tienen a México bajo control” y que su gobierno debía intervenir. Más adelante, en entrevista con Politico, declaró estar dispuesto a “tomar medidas” dentro del territorio mexicano.
El comunicado advierte que una incursión unilateral no solo violaría la soberanía mexicana, sino que también fracturaría una etapa de cooperación estratégica fortalecida bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Además de los lazos culturales y fronterizos, México es el mayor socio comercial de Estados Unidos y pieza clave para la seguridad regional.
De acuerdo con los legisladores, más de un millón de empleos estadounidenses están vinculados al intercambio comercial directo a través de la frontera, mientras que unos cinco millones dependen del comercio general con México. Una acción militar, afirmaron, podría tener repercusiones económicas profundas y duraderas.
Seguridad
En el ámbito de seguridad, subrayaron que ambos países han trabajado durante dos décadas en programas para combatir redes criminales transnacionales y frenar el tráfico de drogas, armas y personas. También destacaron que en 2025 México extraditó a 29 personas buscadas por Estados Unidos y, meses después, entregó a otros 26 presuntos operadores de alto nivel.
Los legisladores reconocieron avances recientes en materia de inteligencia, reducción de homicidios y las mayores incautaciones de fentanilo registradas en la historia del país. Además, celebraron la nueva legislación mexicana que prohíbe la fabricación y circulación de esta sustancia y de sus precursores.
Advirtieron que cualquier intervención militar sin permiso del gobierno mexicano destruiría la confianza bilateral, entorpecería operaciones conjuntas de seguridad y podría provocar un aumento en la migración por razones de seguridad.
En su conclusión, exigieron a la administración un compromiso explícito de no ejecutar acciones armadas dentro de México sin el aval del Congreso estadounidense.
