Juez declara inconstitucional la Ley de Ciberacoso en Puebla por considerarla imprecisa

La Ley para Prevenir y Sancionar el Ciberacoso en Puebla fue declarada inconstitucional por un juez federal, al considerar que sus definiciones y alcances eran imprecisos y podían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión.

La resolución surge tras un amparo promovido por organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales, quienes argumentaron que la norma —aprobada en 2023— no delimitaba con claridad qué conductas constituían ciberacoso ni cómo debían sancionarse.

¿Por qué se declaró inconstitucional?

De acuerdo con el fallo, la ley presentaba:

Conceptos ambiguos, lo que dificultaba interpretar qué tipo de mensajes o publicaciones podían considerarse ciberacoso.

Riesgo de criminalizar expresiones legítimas, críticas o comentarios en redes sociales.

Falta de criterios claros para autoridades y jueces, generando incertidumbre jurídica.

El juez determinó que estos vacíos podían afectar derechos constitucionales como la libertad de expresión, el debido proceso y la seguridad jurídica.

¿Qué pasará ahora?

Con este fallo, las sanciones previstas en la ley quedan sin efectos para las personas que obtuvieron amparo, pero también abre la puerta a que otros ciudadanos puedan impugnar la norma. Además, legisladores locales tendrán que revisar y, en su caso, redactar una nueva ley con definiciones precisas, alineada con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos digitales.

Contexto: un tema urgente pero complejo

El ciberacoso es un problema creciente en Puebla y en todo el país. Sin embargo, especialistas han subrayado que su regulación debe ser cuidadosa para proteger a las víctimas sin restringir libertades.

Organizaciones como R3D, Artículo 19 y colectivos de activistas han pedido que cualquier reforma futura se base en criterios técnicos, participación ciudadana y análisis jurídico adecuado.

La decisión judicial deja claro que la protección frente al ciberacoso es necesaria, pero debe estar respaldada por leyes sólidas, precisas y que respeten los derechos fundamentales.

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