En un fallo histórico, el Juez Octavo de Distrito, Mario Fernando Gallegos León, validó la revocación de la concesión de agua potable y alcantarillado otorgada a la empresa Aguakan en Quintana Roo. Esta resolución judicial respalda el Decreto 195 emitido por el Congreso estatal, que anuló la ampliación anticipada de la concesión hasta 2053, otorgada en 2014 durante la administración del exgobernador Roberto Borge.
En un fallo histórico, el Juez Octavo de Distrito, Mario Fernando Gallegos León, validó la revocación de la concesión de agua potable y alcantarillado otorgada a la empresa Aguakan en Quintana Roo. Esta resolución judicial respalda el Decreto 195 emitido por el Congreso estatal, que anuló la ampliación anticipada de la concesión hasta 2053, otorgada en 2014 durante la administración del exgobernador Roberto Borge.
El proceso legal comenzó en diciembre de 2023, cuando la XVII Legislatura local derogó el Decreto 250, que otorgaba a Aguakan los derechos para operar los servicios hídricos hasta 2053. La empresa reaccionó interponiendo un amparo, lo que permitió que continuara con sus operaciones en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen) mientras se resolvía el litigio. Sin embargo, con la reciente sentencia del caso 1323/2023, el Poder Judicial federal respaldó la decisión del Congreso estatal, abriendo paso a la posible transferencia de la infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
En paralelo, el gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal contra la concesionaria por supuesto fraude, basándose en documentos que la propia empresa incluyó en su demanda de amparo. Cristina Torres, secretaria de Gobierno, señaló que existen inconsistencias en los informes financieros de Aguakan, particularmente en los recursos destinados a la ampliación de la concesión. “Hay elementos que sugieren fraude procesal, ya que la concesionaria habría proporcionado información falsa ante el juez”, afirmó Torres. Además, se inició un procedimiento administrativo para que la empresa justifique el uso de los fondos públicos recibidos.
El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades estatales preparan la transición de los servicios hídricos a CAPA.
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