Guadalajara, Jalisco.– Tras 15 años de omisiones, el Gobierno de Jalisco realizó un acto público para reconocer la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por la desaparición de cuatro personas en septiembre de 2010, en los límites de Jalisco y Zacatecas.
El evento, realizado en Palacio de Gobierno y transmitido en vivo, se llevó a cabo en cumplimiento del punto siete de la Recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación establecía que la Fiscalía del Estado debía reconocer la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas: Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz.
También se reconoció el daño sufrido por las víctimas indirectas, familiares de los desaparecidos.
El acto contó con la participación de Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado; y Jesús Eduardo Villar Román, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de la CNDH, así como de familiares de las víctimas, representantes de organizaciones civiles y medios de comunicación.
Durante la ceremonia, Zamora Zamora enfatizó el compromiso del gobierno estatal con la búsqueda de personas desaparecidas y aseguró que se trabajará para que omisiones como las de 2010 no se repitan.
Por su parte, Villar Román destacó la importancia de visibilizar los derechos humanos, el acceso a la justicia y el derecho de toda persona a ser buscada y localizada.
Familiares de las víctimas compartieron mensajes con los asistentes, expresando la importancia de la visibilidad del caso y enviando un mensaje de apoyo a quienes enfrentan situaciones similares: “Quiero decirles a otras personas que viven lo mismo, que no están solas”, expresó una de ellas.
El reconocimiento público de responsabilidad busca cerrar un capítulo pendiente en la atención a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como fortalecer los mecanismos de búsqueda y atención a personas desaparecidas en el estado.
