La exalcaldesa de Puerto Morelos y exdiputada federal fue sancionada por adjudicar contratos a empresas vinculadas a su esposo; también enfrentó observaciones por dejar al municipio en “quiebra técnica”
La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, fue inhabilitada por 20 años para ejercer cargos públicos y sancionada con una multa de 78.9 millones de pesos por el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, tras ser declarada responsable de una falta administrativa grave por abuso de funciones. La medida quedó registrada oficialmente el pasado 9 de mayo de 2024, según la Contraloría del Estado.
La sanción económica deriva de la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas a la propia exalcaldesa y a su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, durante su gestión como presidenta municipal entre 2016 y 2021. Entre las obras señaladas, destacan dos casos con incrementos millonarios:
No obstante, el fallo del Tribunal se centró formalmente en el incumplimiento en el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS, lo que causó un perjuicio patrimonial al municipio por casi 79 millones de pesos, según consta en el expediente del caso.
Tras darse a conocer la resolución, Laura Fernández emitió un comunicado negando cualquier acto de corrupción y atribuyendo los retrasos en los pagos a la crisis económica derivada de la pandemia. Afirmó además que no fue debidamente notificada del procedimiento administrativo y presentó un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de Cancún, el cual fue desechado en febrero de 2025, confirmando la vigencia de la sanción.
La actual presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu (Morena), declaró que respetaba la resolución judicial y recordó que su administración heredó una situación financiera crítica, con al menos seis denuncias por irregularidades interpuestas desde el inicio de su gestión. Tziu calificó al municipio como víctima de una “quiebra técnica” tras la gestión de Fernández Piña.
Laura Fernández Piña fue alcaldesa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputada local y más recientemente diputada federal por el Distrito 4 de Quintana Roo en la LXV Legislatura. En 2022 fue candidata a la gubernatura del estado por la alianza PAN-PRD, quedando en segundo lugar. Su carrera ha estado marcada por acusaciones de uso indebido de recursos públicos.
La inhabilitación se extenderá hasta el año 2044, salvo que logre revertir la resolución mediante instancias legales superiores.
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