Guatemala declara estado de sitio

Medida de seguridad en respuesta a ola de violencia

Guatemala declara estado de sitio por violencia de pandillas en todo el país, anunció el presidente Bernardo Arévalo de León tras una escalada de ataques coordinados de grupos criminales contra fuerzas de seguridad y disturbios en tres cárceles del territorio nacional.

La medida, decretada el domingo por la tarde, tendrá una duración inicial de 30 días y busca fortalecer las acciones del Estado para combatir a las estructuras delictivas que han desatado violencia en diversas regiones.

La decisión se dio en el marco de una ola de violencia que incluyó motines simultáneos en centros penitenciarios con toma de rehenes y ataques armados contra policías, en los que murieron varios agentes y decenas resultaron heridos, según fuentes oficiales.

Facultades ampliadas y enfoque contra pandillas

El estado de sitio permitirá a las fuerzas de seguridad, incluida la Policía Nacional Civil y el Ejército, utilizar facultades extraordinarias para detener sospechosos sin orden judicial y restringir ciertas libertades civiles en zonas afectadas por la violencia.

El presidente Arévalo explicó que la medida es necesaria para “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos” ante la ofensiva de pandillas y maras que han intensificado sus acciones violentas.

Operativos y garantías para la población

Autoridades recalcaron que la implementación del estado de sitio no afectará la vida cotidiana ni la movilidad de la población civil, aunque las clases fueron suspendidas como medida preventiva en varias zonas.

Asimismo, se mantiene el compromiso de recuperar el orden en los centros penitenciarios y desarticular las redes criminales responsables de la violencia.

Contexto y objetivos del decreto

Con esto, Guatemala declara estado de sitio por violencia de pandillas en todo el país como una respuesta contundente ante un contexto de inseguridad que ha golpeado a las fuerzas del orden y la estabilidad pública, en un intento por restablecer el control institucional y proteger a la ciudadanía. 

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