Guadalajara, Jalisco.- El Gobierno de Guadalajara instaló la Mesa Naranja para la Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar derechos político-electorales en igualdad.
La violencia política contra las mujeres se manifiesta mediante acciones u omisiones que limitan, anulan o menoscaban la participación femenina en cargos públicos, espacios de decisión y procesos electorales.
Mesa Naranja contra la violencia política contra las mujeres
Este espacio busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de género, además de promover la colaboración entre autoridades electorales, órganos de justicia, gobiernos municipales, academia y sociedad civil.
Durante el acto, Carmen Julia Prudencio González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, señaló que esta violencia ha limitado históricamente la participación de las mujeres en la vida pública.
Destacó que se expresa mediante descalificaciones, exclusión, estereotipos, amenazas y hostigamiento, afectando el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
La funcionaria subrayó que las mesas naranjas funcionan como una herramienta preventiva y una señal institucional para erradicar prácticas de violencia de género desde el ámbito público.
Violencia política contra las mujeres en el ámbito municipal
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, existen 495 personas sancionadas por violencia política de género, de las cuales 70 por ciento corresponden a casos ocurridos en el ámbito municipal.
Autoridades electorales coincidieron en que los ayuntamientos concentran el mayor número de denuncias, lo que refuerza la necesidad de mecanismos preventivos y atención temprana.
Magistradas y consejeras electorales señalaron que, aunque existen avances normativos, persisten obstáculos culturales y estructurales que limitan el ejercicio del poder por parte de las mujeres.
Al cierre del evento, las instituciones participantes firmaron una carta compromiso, reafirmando su voluntad de trabajar de manera conjunta para proteger los derechos políticos y fortalecer la vida democrática local.
