¿Qué denuncian las autoridades?
- La Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) informó que en 2025 ha recibido 100 denuncias por maltrato animal en el estado.
- En muchos casos los reportes se refieren a animales domésticos —principalmente perros y gatos— que viven en condiciones de abandono, sin alimento o agua, sujetos al sol todo el día o incluso golpeados.
- También se han interpuesto denuncias por casos de crueldad grave, como zoofilia o muerte del animal por omisión y negligencia: la ley estatal contempla sanciones de 1 a 5 años de prisión, y de 4 a 10 años si el acto lo amerita.
Municipios que intervienen y denuncian
- El municipio de Benito Juárez (Cancún) concentra una parte significativa de los casos, sobre todo en materia de abandono y maltrato doméstico.
- En Othón P. Blanco la PPA ha exhortado a la ciudadanía a denunciar en las direcciones de Bienestar Animal o Ecología, lo cual evidencia que este municipio también interviene activamente.
- Aunque no se identificó públicamente un tercer municipio específico con nombre que haya interpuesto la denuncia en los reportes revisados, la cobertura estatal señala que son “tres gobiernos municipales” los que han dado este paso.
¿Por qué se presentan las denuncias?
- Las autoridades justifican la acción porque la persistencia del maltrato animal representa no solo una cuestión ética, sino legal: la ley local exige denunciar cualquier acto u omisión que cause daño o sufrimiento a un animal.
- Al presentar denuncias formales, los gobiernos municipales buscan fincar responsabilidades legales (penales o administrativas) contra los agresores, enviar mensaje de cero tolerancia y elevar la cultura de protección a los animales.
¿Qué sigue y hacia dónde va?
- La PPA y los municipios están reforzando la coordinación para recibir, canalizar e investigar estos casos con más efectividad, pues aunque aumentan las denuncias, persiste la impunidad en muchos hechos.
- Para que las denuncias prosperen, se requiere: evidencia (video, fotos), identificación del agresor, informe pericial o necropsia si aplica, y seguimiento judicial. La ley lo ordena.
