EU pide revisar presunta negación de derechos laborales en fábrica de NL

NUEVO LEÓN.- El Gobierno de Estados Unidos solicitó al de México que revise las acusaciones de que una fábrica de componentes de acero en Nuevo León impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales, informó este lunes la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Washington quiere que México evalúe si a los trabajadores de la planta de Servicios Industriales González se les niega el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, señaló el comunicado.

La solicitud supone la tercera ocasión en 2024 y la número 21 en total que Estados Unidos pide una revisión mexicana en virtud del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo de Transporte en General, la Construcción y sus Servicios (SNTTYC) presentó una petición a la oficina del Representante Comercial de EU, alegando que Servicios Industriales González despidió a trabajadores en represalia por realizar actividades de organización sindical, además de interferir en asuntos sindicales y proporcionar acceso preferencial a sus instalaciones a su sindicato preferido en agravio de otras organizaciones laborales.

“La acción refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de garantizar que cada trabajador tenga derecho a asociarse libremente con el sindicato de su elección, garantizando que sus voces sean escuchadas y exigiendo que sus derechos sean protegidos”, declaró la representante comercial de EU, Katherine Tai, según un comunicado.

Ahora México tiene 10 días para aceptar o no si lleva a cabo una revisión. Si la acepta cuenta con 45 días a partir del lunes para completar la revisión, a lo que Tai añadió que espera “trabajar estrechamente con el Gobierno de México para resolver los problemas presentes en este asunto”.

Washington tomó medidas después de que el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC, por sus siglas en ingles) determinó que existe evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos que permite la invocación de buena fe de mecanismos de resolución.