EU habilita deportaciones hacia otros países

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno estadounidense anunció que podrá deportar a migrantes a naciones que no sean su país de origen si se considera seguro hacerlo; organizaciones de derechos humanos advierten posibles violaciones internacionales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó este fin de semana la implementación de una nueva política migratoria que permite la deportación de personas a terceros países, incluso si estos no son su nación de origen, siempre que el gobierno estadounidense los considere “seguros y cooperativos”.

La medida fue anunciada como parte de un paquete de acciones ejecutivas en materia de inmigración promovidas por la Casa Blanca ante el incremento sostenido de cruces irregulares en la frontera sur. Según funcionarios del DHS, esta política tiene como objetivo “desincentivar los flujos migratorios peligrosos” y agilizar el procesamiento de detenciones.

“La deportación a terceros países es una herramienta legal bajo el derecho internacional, siempre que se garantice que la persona no será devuelta a una situación de persecución o peligro”, declaró en conferencia de prensa Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

¿Cómo funciona la nueva medida?

La política permite que migrantes, solicitantes de asilo o personas en proceso de expulsión, puedan ser enviados a un país que haya firmado acuerdos de cooperación migratoria con EE. UU., como lo han hecho Guatemala, Honduras y El Salvador en años anteriores, o bien a países donde hayan transitado, como México o Colombia.

Entre los primeros casos documentados bajo esta nueva normativa se encuentran ciudadanos venezolanos, haitianos y nicaragüenses que fueron enviados a países sudamericanos como Ecuador y Perú, tras haber pasado por allí durante su ruta migratoria.

Según las autoridades, estas deportaciones se realizarán caso por caso, considerando la viabilidad logística, los acuerdos bilaterales y las condiciones humanitarias del país receptor.

Diversas organizaciones de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han condenado la política por considerarla una forma de “deportación indirecta” o “expulsión encubierta” que pone en riesgo a personas vulnerables. Señalan que muchos de los países utilizados como destino “seguro” enfrentan crisis humanitarias o no cuentan con infraestructura para recibir y proteger a deportados.

“Este tipo de políticas pueden violar el principio de no devolución (non-refoulement), fundamental en el derecho internacional de refugiados”, advirtió Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Desde el Congreso, legisladores demócratas y algunos republicanos moderados han pedido una revisión jurídica y ética de la medida, mientras que sectores conservadores la celebran como un paso firme en el control migratorio.

Impacto en la región

Gobiernos latinoamericanos han reaccionado con cautela. Mientras que México y Colombia han reafirmado su compromiso con una migración ordenada, también han solicitado mayor cooperación financiera y diplomática para gestionar el nuevo flujo de personas retornadas. Algunos países, como Costa Rica y Panamá, han expresado su rechazo a recibir migrantes que no sean nacionales.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión urgente para analizar el impacto regional de esta política y evaluar posibles mecanismos de protección conjunta.