Estados Unidos revoca visas a más de 50 políticos mexicanos en nueva ofensiva contra el crimen organizado

El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, incluyendo miembros del partido Morena, como parte de una estrategia más agresiva en su lucha contra los cárteles de drogas y sus presuntos aliados políticos. Aunque solo algunos casos han sido divulgados públicamente, la magnitud de las revocaciones indica un cambio significativo en la política exterior estadounidense.

¿Por qué se revocaron las visas?

Según fuentes diplomáticas mexicanas citadas por Reuters, las cancelaciones de visas se realizaron bajo el argumento de “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”. El Departamento de Estado de EE. UU. ha señalado que puede revocar visas sin explicación si las acciones de un individuo contradicen los intereses nacionales de EE. UU., especialmente bajo la administración de Donald Trump.

Funcionarios afectados y reacciones

Hasta el momento, solo cuatro políticos han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Otros funcionarios afectados incluyen a la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y al alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, quienes también han confirmado la revocación de sus visas.

Impacto en las relaciones México-EE. UU.

Esta medida ha generado preocupación entre la clase política mexicana, que depende de estos documentos para viajar frecuentemente a territorio estadounidense. La revocación masiva de visas podría complicar la cooperación bilateral en temas de comercio y seguridad, a pesar de los esfuerzos actuales de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para trabajar con EE. UU. en la lucha contra los cárteles de drogas.

¿Qué implica esta estrategia para México?

La revocación de visas a políticos en funciones marca una ampliación significativa de la acción antinarcóticos estadounidense, concentrándose en figuras políticas activas, algo que suele considerarse demasiado sensible en diplomacia. Esta estrategia también se ha extendido a otros países latinoamericanos, como Colombia, Brasil y Costa Rica, lo que ha generado acusaciones de acciones políticamente motivadas y preocupaciones sobre sus implicaciones para las relaciones bilaterales.