A lo largo de las últimas décadas, algunas esposas de expresidentes y gobernadores de México han enfrentado investigaciones, acusaciones o han sido mencionadas en escándalos por presuntos vínculos con actos de corrupción o delitos financieros. A continuación, un recuento de los casos más relevantes.
Esposas de expresidentes
Fundación Vamos México: En 2004 fue investigada por el supuesto desvío de 110 millones de pesos desde un fideicomiso público hacia su fundación. Aunque la PGR no presentó cargos, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y un posible daño al erario por 71.7 millones de pesos.
Vínculos con Legionarios de Cristo: En 2020, la UIF abrió una investigación por supuestos nexos financieros irregulares con esta organización religiosa. Sahagún negó las acusaciones.
Hijos señalados por tráfico de influencias: Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún fueron acusados de obtener contratos con Pemex y organismos de vivienda mediante tráfico de influencias. Una comisión legislativa concluyó que sí existió tráfico de influencias.
Demanda contra periodistas: Demandó por daño moral a la periodista Olga Wornat y a la revista Proceso, aunque la Suprema Corte desechó la demanda.
En 2025 surgieron grabaciones en las que presuntamente conversa con miembros del Cártel de Colima sobre pagos y protección institucional. No se ha confirmado su autenticidad ni iniciado una investigación formal.
Fue señalada por presuntamente favorecer a empresas familiares en contratos públicos. Según declaraciones judiciales, su familia habría recibido contratos por hasta mil millones de pesos, y parte de esos recursos se habrían transferido a Estados Unidos a través de fideicomisos.
Esposas de exgobernadores
Investigada por desviar más de 100 millones de pesos mediante empresas fantasma mientras presidía el DIF estatal. Fue detenida en Londres en 2019 y enfrenta un proceso de extradición a México. También tiene una orden de aprehensión por defraudación fiscal.
En 2020 se giró una orden de aprehensión en su contra por desvío de recursos públicos. Intentó frenar su detención con un amparo, pero le fue negado. Actualmente permanece prófuga.
Acusada en 2011 de ordenar la detención ilegal y tortura de una trabajadora doméstica. La CNDH emitió recomendaciones, pero no se presentaron cargos penales.
Señalada como presunta testaferro en operaciones financieras irregulares durante el mandato de su esposo. No se han presentado cargos formales.
Aunque en varios de estos casos las investigaciones no han culminado en condenas, la vinculación de esposas de altos funcionarios con presuntas irregularidades financieras o actos de corrupción refleja la compleja relación entre poder político y posibles prácticas ilícitas en México. La mayoría de las involucradas mantienen su presunción de inocencia, mientras los casos continúan en manos de las autoridades judiciales.
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