Cientos de manifestantes se enfrentan a fuerzas federales, gasolina y violencia urbana estallan en Los Ángeles; Trump activa a la Guardia Nacional por primera vez sin aval estatal, y advierten posible despliegue de marines.
LOS ANGELES.- Las autoridades federales del ICE realizaron redadas masivas en los condados de Los Ángeles, Paramount y Compton el viernes 6 de junio, deteniendo a más de 100 personas, incluidos al menos seis mexicanos. En respuesta a los disturbios se desplegaron 2 000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin haber recibido una solicitud oficial del gobernador de California, Gavin Newsom un hecho sin precedentes desde 1965.
Incidentes y enfrentamientos
Cientos de manifestantes bloquearon la autopista 101 y se enfrentaron a policías y soldados, lanzando piedras, botellas y bombas molotov, mientras se incendiaban vehículos, incluidos taxis autónomos . La policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras; los agentes federales también usaron munición menos letal contra multitudes calificados por las autoridades como violentos. En enfrentamientos cerca del Centro de Detención Metropolitano hubo carga por parte de la Guardia Nacional; se reportaron decenas de arrestos, con unos 56 detenidos en total los primeros tres días.
Reacción pública y política
Gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass han calificado el despliegue como “inconstitucional”, “espectáculo” y han exigido su retiro . Presidente Trump defendió la medida, hablando de mantener “ley y orden”, advirtiendo de fuerza ante agresiones (“Si escupen, golpeamos”) y activando la posibilidad de enviar marines . Secretaria de Seguridad Kristi Noem declaró que “si tocan a un agente de ICE serán perseguidos por la ley” .
Análisis y consecuencias
Es la primera vez desde 1965 que tropas federales se despliegan sin aval estatal, con posible precedentes para futuras redadas. El uso de fuerzas militares en situaciones de protestas civiles representa una escalada significativa y ha desatado la preocupación por violaciones al federalismo estadounidense y al respeto de derechos civiles. La expulsión de inmigrantes y la protesta social están acelerando un choque directo entre las autoridades federales y las instancias locales demócratas, con posibles impugnaciones legales en puerta.
