Diputados aprueban desaparición del Coneval; Inegi asumirá medición de pobreza

La Cámara de Diputados aprobó el 23 de junio de 2025 la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con 352 votos a favor y 156 en contra, la reforma modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La medida busca mejorar la eficacia en la medición de la pobreza y la evaluación de políticas sociales, además de evitar duplicidad de funciones dentro de la administración pública.

El Coneval, organismo autónomo creado en 2005, era responsable de medir la pobreza en México utilizando una metodología multidimensional y evaluaba el impacto de los programas sociales. Su desaparición forma parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por el gobierno federal, que ha llevado a la eliminación de varios organismos autónomos. Se espera que el Inegi dé a conocer en los próximos meses los lineamientos y criterios técnicos para la medición de la pobreza y la evaluación de políticas sociales, garantizando la transparencia y comparabilidad de la información histórica.

También se hizo presente la oposición

La decisión generó críticas entre los diputados de la oposición. Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, calificó la medida como un retroceso y advirtió que el Inegi y otras instituciones gubernamentales podrían ser incompetentes para asumir las funciones que desempeñaba el Coneval. Asimismo, señaló que la desaparición del organismo autónomo elimina un contrapeso institucional fundamental para la evaluación crítica e independiente de la política social.

Por su parte, la diputada Rocío González, también del PAN, consideró la transferencia de funciones un “despropósito”, manifestando preocupación por la posible pérdida de transparencia y rigor técnico en la medición de la pobreza. Además, criticó la falta de claridad en la transición y la especialización necesaria para evaluar la política social de forma integral.

Expertos y organizaciones civiles han expresado inquietudes similares, temiendo que la centralización de estas funciones en el Inegi comprometa la independencia y objetividad en la evaluación de políticas sociales.

Esta reforma representa un cambio significativo en la forma en que México medirá y evaluará la pobreza y las políticas sociales, con implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.