Declaran inconstitucional a la Agencia Nacional de Aduanas de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es inconstitucional, invalidando así el establecimiento de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La sentencia, emitida como respuesta a un juicio de amparo presentado por un contribuyente que denunció afectaciones por actos de la ANAM, determinó que su creación a través de un reglamento contradice las facultades exclusivas conferidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia aduanera.

Según el fallo del Tribunal, la Ley del SAT otorgó originalmente a la instancia fiscal, de manera exclusiva, las atribuciones en materia aduanera. Por ende, el Poder Ejecutivo no tenía la facultad para crear posteriormente la ANAM mediante un reglamento, dotándola de facultades que ya estaban legalmente conferidas al SAT.

La ANAM fue formalmente establecida en 2022, mediante reformas a los reglamentos internos de Hacienda y del SAT, así como la emisión del Reglamento Interior de la ANAM en 2021. Estos reglamentos otorgaron a la ANAM diversas atribuciones en materia de comercio exterior y aduanas, anteriormente bajo la jurisdicción del SAT.

Entre las atribuciones conferidas a la ANAM se encuentran la administración, control y vigilancia de actividades aduaneras, regulación de la entrada y salida de mercancías, aplicación de regulaciones y restricciones no arancelarias, y la gestión de procedimientos administrativos en la materia.

Aunque la sentencia solo protege al quejoso en lo individual, su relevancia radica en cuestionar la legalidad de la ANAM y sus acciones. De esta manera, el fallo podría abrir la puerta a futuros juicios y cuestionamientos legales sobre la existencia y operación de la agencia aduanera.

La ANAM fue creada con el objetivo de mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios aduanales e impulsar el cumplimiento de normas jurídicas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como el cobro de impuestos correspondientes.