Con la brisa marina saludando a los primeros turistas de crucero, México se prepara para estrenar una nueva política que reduce drásticamente el Derecho de No Residente.
A partir del 1 de julio, los viajeros que arriben en barco pagarán apenas 90 pesos, un respiro frente a los 756 pesos previstos originalmente; y será sólo el inicio de una escalada paulatina que llevará la tarifa a 378 pesos en 2028.
Esta propuesta, gestada entre el Gobierno y las navieras, surge como una respuesta necesaria: con más de 9 millones de cruceristas en 2024 y una expectativa que supera los 10 millones en 2025, impulsar la competitividad de puertos como Cozumel, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas era vital.
Los empresarios de turismo advirtieron que mantener la tarifa propuesta original —756 pesos— podría espantar cruceros y mermar los ingresos de miles de micros y pymes locales, según la CONCANACO.
El calendario queda trazado así: para el segundo semestre de 2026 la tarifa sube a 180 pesos, en 2027 avanza a 270 pesos, y alcanza hasta 378 pesos en 2028.
Con este esquema, México consigue un equilibrio: resguarda ingresos fiscales sin sacrificar la afluencia turística.
Las voces técnicas ven una jugada estratégica. Octavio de la Torre, líder de la CONCANACO SERVYTUR, celebró un “acuerdo responsable” y recordó que la medida fortalece el diálogo público‑privado para consolidar al turismo como motor económico.
Mientras tanto, la industria marítima y los destinos costeros respiran tranquilos. Hoy México no sólo pone la alfombra roja al turismo de crucero, sino que reafirma su apuesta por mantener el rumbo hacia puertos vibrantes, competitivos y prósperos.
