En la conferencia matutina del 22 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó con detalle la consulta ciudadana sobre Aguakan, explicando las acciones que su gobierno implementa para garantizar que se respete la voluntad de la ciudadanía en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde se realizó la consulta para retirar la concesión de agua potable y saneamiento.
Sheinbaum destacó que este proceso se trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales para asegurar que se cumpla con el marco jurídico y los resultados de la consulta.
Asimismo, refrendó que el respeto a la consulta ciudadana sobre Aguakan implica revisar los mecanismos legales bajo los cuales se otorgó y extendió la concesión, así como explorar opciones para adquirir de manera acordada la operación del servicio de agua con el objetivo de brindar mejores condiciones de servicio a la población afectada.
El enfoque, dijo, es asegurar que los procesos sean transparentes y que la administración del recurso hídrico esté en manos del Estado o de los organismos que representen mejor los intereses de los usuarios.
Vías jurídicas y administración estatal
Sheinbaum explicó que se trabaja en dos vías principales: una jurídica y otra administrativa.
En la vía jurídica, las autoridades analizan las formas de revertir o modificar las condiciones de la concesión otorgada a Aguakan, revisando las implicaciones legales que permitan responder al resultado de la consulta.
Hasta ahora, la empresa ha interpuesto recursos legales que han generado suspensiones provisionales en algunos casos, lo que ha atrasado el retiro de la concesión hasta que se resuelvan las disputas en tribunales.
En la vía administrativa, la administración federal dialoga con el gobierno de Quintana Roo y los municipios involucrados —especialmente Benito Juárez (Cancún)— para definir quién operaría el servicio público de agua potable si se concreta el retiro de Aguakan.
Este proceso exige coordinación interinstitucional para garantizar que la prestación del servicio no se vea interrumpida y que los ciudadanos reciban agua y saneamiento de calidad.
Sheinbaum insistió en que la consulta fue un ejercicio legítimo de participación ciudadana y que el gobierno federal está comprometido con respetar ese mandato, siempre dentro del marco de la ley y con base en acuerdos que beneficien a la población.
Coordinación con estado y municipios
La mandataria resaltó que la estrategia no sólo es jurídica o técnica, sino también política: trabajar con gobernadora Mara Lezama y autoridades municipales para que el proceso de transición, en caso de proceder, se dé sin afectar a las familias usuarias.
Este diálogo ampliado busca robustecer la gestión pública del agua, incluyendo inversiones y mejor atención de quejas ciudadanas.
