Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte tras aprobar moción de vacancia
LIMA, PERÚ – En una sesión nocturna marcada por tensión política, el Congreso de la República del Perú aprobó la destitución de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, según lo establecido en la Constitución peruana. Con 122 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, el Legislativo procedió a vacarla.
Al asumir la presidencia interina quedó José Jerí, quien era hasta ahora presidente del Congreso.
Motivos y contexto
Las fuerzas políticas que habían respaldado a Boluarte, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, entre otros, retiraron su apoyo y promovieron cuatro mociones de vacancia durante la jornada.
El detonante más reciente fue un tiroteo en un concierto del grupo Agua Marina, que dejó heridos y generó críticas por el manejo de la seguridad pública.
Desde su mandato, Boluarte enfrentaba una crisis política constante, bajos niveles de aprobación (entre 2 % y 4 %) y escándalos, como acusaciones de enriquecimiento ilícito asociado al denominado “Rolexgate”.
En su defensa, la expresidenta alegó que no se le había dado tiempo suficiente para su derecho a la defensa y que la convocatoria fue abrupta.
Transición presidencial
Conforme a la línea sucesoria constitucional —puesto que Boluarte no contaba con vicepresidentes— asumió el mando el presidente del Congreso, José Jerí, para completar el resto del periodo presidencial hasta julio de 2026.
Jerí anticipó que su gobierno será de transición, con énfasis en “reconciliación nacional” y reafirmó la prioridad de encarar la inseguridad como uno de sus ejes centrales.
Implicaciones y desafíos
Inestabilidad política: Perú sigue enfrentando frecuentes crisis institucionales —Boluarte es la sexta presidenta en ocho años que no completa su mandato.
Expectativa electoral: Las elecciones generales están previstas para abril de 2026, lo que convierte a este período en un “preludio electoral” en el que decisiones del nuevo gobierno serán clave.Riesgos de confrontación: Sectores que apoyaban a Boluarte podrían resistir la transición y generar protestas o presión política.
Demanda ciudadana de rendición de cuentas: La destitución llega en medio de reclamos por justicia en casos de represión, muertes y abusos de derechos humanos ocurridos durante su gobierno.
Obligación de cumplir plazos constitucionales: El Congreso interino y el ejecutivo deberán actuar con apego a la Constitución para legitimar los procesos electorales, reformas u otras medidas pendientes.