Congreso de Campeche aprueba polémica reforma para expropiar terrenos bajo el concepto de “utilidad pública”
CAMPECHE.– El Congreso del estado de Campeche, con mayoría morenista, aprobó en sesión extraordinaria una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad que permitirá a las autoridades expropiar o ocupar predios privados considerados de “utilidad pública”
Lo que establece la reforma
La declaratoria de utilidad pública deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y notificada personalmente a los propietarios. Si no responden en un máximo de cinco días, el gobierno estatal podrá tomar posesión del bien.
Una vez decretada la expropiación, la Secretaría de Gobierno (para bienes muebles) o la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (para inmuebles) podrá realizar la ocupación inmediata del predio y ejecutar las obras correspondientes.
Plazos y compensación: ¿qué cambia?
El nuevo plazo para actuar como propietario tras notificarse es de solo cinco días, significativamente menor que los 15 días hábiles que otorga la ley federal, lo que ha sido criticado como una reducción drástica en la defensa legal de los ciudadanos.
Además, la indemnización no será inmediata: podría pagarse en abonos hasta en un plazo de hasta 10 años, a diferencia de los 45 días que marca la regulación federal.
Cabe señalar que la Secretaría de Finanzas será la responsable de fijar el valor del bien expropiado —lo que podría generar conflictos o sesgos en el avalúo—.
Declaraciones y controversia política
La diputada del PT, Ana María López, aseguró que esta medida busca combatir la acumulación de tierras por parte de figuras como el exgobernador y actual líder del PRI, Alejandro Moreno, quien es objeto de investigaciones por enriquecimiento ilícito y ha sido señalado de obtener terrenos “a precio de risa” durante administraciones anteriores.
El legislador de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, defendió la reforma como una manera de impulsar la redistribución equitativa de la riqueza, alegando que algunos terrenos fueron acaparados en desmedro de la colectividad.
Por otro lado, la oposición, liderada por la diputada Delma Rabelo (PRI), criticó la medida como un “atentado contra el patrimonio privado”, pues elimina la posibilidad de impugnar declaratorias de utilidad pública y cuestiona la efectividad del juicio de amparo ante un sistema judicial supuestamente parcial.
Rutas legales y dudas ciudadanas
La reforma ha generado preocupación entre la población y especialistas legales, quienes advierten que los ciudadanos afectados podrían enfrentar serias dificultades para defender sus propiedades, dada la rapidez del proceso y la imposibilidad aparente de recurrir administrativamente antes de que el Estado actúe.