By El secretario de Seguridad pública, Omar García Harfuch, informó que las autoridades detuvieron a otra persona vinculada al homicidio del presidente de los citricultores de Apatzingán y advirtió que continuarán las operaciones hasta capturar a todos los responsables.
CIUDAD DE MÉXICO / APATZINGÁN, MICHOACÁN. — Este miércoles 22 de octubre de 2025, durante una comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de una segunda persona relacionada con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, dirigente de los productores de limón en Apatzingán, Michoacán.
El funcionario indicó que la captura se logró gracias al trabajo coordinado entre las autoridades estatales de Michoacán y el Gabinete de Seguridad federal. “Hace unos momentos … tuvieron otra detención de este lamentable homicidio”, manifestó Harfuch.
El asesinato de Bravo Manríquez —cuyo cuerpo fue encontrado el 20 de octubre de 2025— ha estremecido al campo michoacano. El líder agrícola había denunciado extorsiones a productores limoneros en la región y era una de las voces más visibles contra el cobro ilegal de “cuotas”.
Detalle de las detenciones y contexto
- El primer detenido identificado es Rigoberto López Mendoza (alias “El Plátano”), presunto autor material y operador de extorsiones contra citricultores, vinculado con la célula delictiva Los Blancos de Troya.
- Con esta segunda detención ya serían al menos dos personas arrestadas por el homicidio de Bernardo Bravo, según la SSPC.
- Harfuch subrayó que las operaciones de seguridad se mantendrán y se intensificarán para detener “a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que ocurren en esa región”.
Relevancia e implicaciones
La violencia contra líderes agrícolas, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado —como la zona de la Tierra Caliente michoacana— representa un reto de seguridad estructural. El hecho de que la investigación avance con capturas muestra un esfuerzo por parte del Estado, pero también evidencia los riesgos que enfrentan quienes denuncian la extorsión.
El caso de Bernardo Bravo también pone sobre la mesa la urgencia de reforzar mecanismos de protección para los productores agrícolas, así como fortalecer las carpetas de investigación y sancionar a los responsables de actos de violencia vinculados al sector rural.
