Foto: Rebecca Blackwell / AP
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves 25 de junio el cierre definitivo de “Alligator Alcatraz”, el polémico centro de detención migratoria construido en los pantanos de los Everglades hace casi un año. Presentado en su momento por DeSantis y el presidente Donald Trump como un modelo a seguir para otros estados, el campo clausuró con un costo total estimado en 1,200 millones de dólares, señalamientos de condiciones inhumanas por parte de organizaciones de derechos humanos y, según fuentes citadas por CBS News Miami, una razón de fondo que los funcionarios nunca reconocieron oficialmente: los costos se habían vuelto insostenibles.
El centro fue construido por la administración de DeSantis en cuestión de días durante el verano de 2025, con fondos del erario de Florida, en una pista de aterrizaje abandonada en Ochopee, en pleno corazón de los Everglades. Inaugurado el 3 de julio de 2025, en plena temporada de huracanes, fue diseñado como una solución temporal para acelerar la detención y la deportación de personas en situación migratoria irregular. Trump visitó el sitio y lo elogió públicamente.
El 22 de junio, días antes del anuncio oficial, el director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, notificó a todos los proveedores del campo que iniciaran la “desmovilización total” del sitio. Cuatro fuentes familiarizadas con las operaciones del centro confirmaron a CBS News Miami que la instrucción fue clausurarlo por completo —no suspenderlo temporalmente como se había dicho semanas antes, cuando las autoridades alegaron que el inicio de la temporada de huracanes hacía inseguro mantener detenidos en los Everglades.
Según esas mismas fuentes, la demobilización siempre fue el plan real. Cada contrato con los proveedores incluía una cláusula de desmovilización que, al activarse, permitía a las empresas cobrar cargos adicionales que podrían ascender a decenas de millones de dólares, y muchas ya tenían pagos pendientes por parte del Estado.
El gobernador DeSantis indicó que las instalaciones federales permanentes ya cuentan con capacidad suficiente para absorber la demanda de detención y deportación. “Si apagáramos las luces mañana, podríamos decir que cumplió su propósito”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa días antes del anuncio. Según sus declaraciones, alrededor de 21 mil personas fueron procesadas y deportadas a través del campo. “Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha”, declaró DeSantis.
Desde su apertura, el campo enfrentó una serie de señalamientos por las condiciones en las que se mantenían a los detenidos. Personas que estuvieron en el lugar describieron gusanos en la comida, sanitarios que no funcionaban, pisos inundados con desechos fecales y una presencia constante de mosquitos e insectos propios de los Everglades. También relataron dificultades para acceder a asesoría legal.
Amnistía Internacional emitió un informe altamente crítico sobre las condiciones internas del centro. Abogados denunciaron, además, maltratos físicos por parte de guardias, acusaciones que el Estado rechazó. Grupos de derechos humanos y defensores de migrantes sostuvieron desde el inicio que las carpas del campo nunca fueron un espacio seguro ni digno para mantener a personas detenidas.
Una vez que se complete la desmovilización —proceso que se estima que tomará aproximadamente una semana—, el sitio tiene previsto reabrir eventualmente como un pequeño aeropuerto para el entrenamiento de pilotos.
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