By CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección a la cantante Belinda, luego de que interpusiera una denuncia en contra de Lupillo Rivera por presuntos actos de violencia digital y mediática.
De acuerdo con un comunicado emitido por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la intérprete de “Heterocromía” presentó la querella el pasado 2 de octubre, tras la publicación del libro Tragos Amargos de Rivera, donde el cantante reveló detalles personales sobre la relación que mantuvo con Belinda hace algunos años.
Según el documento legal, la artista actuó en respuesta a la “divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”. En su promoción del libro, el llamado “Toro del corrido” habría hecho declaraciones sobre una supuesta infidelidad y otros aspectos privados de la relación, lo que derivó en la acción judicial.
Una semana después de interpuesta la denuncia, las autoridades concedieron medidas de protección inmediatas “para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda”, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra.
Entre las disposiciones emitidas por la Fiscalía se encuentra la prohibición para Lupillo Rivera de acercarse o comunicarse con la cantante, así como de realizar cualquier conducta de intimidación o molestia hacia ella o personas cercanas. Además, se le ordenó eliminar de sus redes sociales cualquier contenido ofensivo o agraviante y someterse a tratamiento psicológico especializado, bajo apercibimiento de sanciones legales en caso de incumplimiento.
El despacho de abogados señaló que las declaraciones del artista habrían sobrepasado los límites de la libertad de expresión establecidos en el artículo 6° constitucional, al vulnerar derechos como la dignidad, el honor y la vida privada.
Belinda, de 36 años, se ha mantenido al margen de declaraciones públicas tras la resolución, mientras que Lupillo Rivera, quien recientemente lanzó su libro autobiográfico, no ha emitido una postura oficial respecto a las medidas dictadas por la autoridad.
Las acciones legales continúan su curso ante la Fiscalía de la Ciudad de México, donde se determinará si existen elementos suficientes para proceder penalmente por los delitos de violencia digital y mediática.
