Apple tendrá que ponerle USB-C a todos su dispositivos

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La Unión Europea finalmente llegó a un acuerdo respecto a una legislación con la cual todos los teléfonos inteligentes deberán estar equipados con puerto USB-C, incluido el iPhone, para el otoño de 2024.

Aunque no se especificó una fecha, esta decisión es de suma relevancia, pues los legisladores han trabajado en este asunto desde hace más de una década y hasta el momento no tenían grandes avances.

“Hoy hemos hecho realidad el cargador común en Europa. Los consumidores se sintieron frustrados durante mucho tiempo con la acumulación de múltiples cargadores con cada dispositivo nuevo. Ahora podrán usar un solo cargador para todos sus equipos electrónicos portátiles”, dijo el vocero del Parlamento Europeo, Alex Agius Saliba.

Desde que se comenzó a motivar esta legislación, el argumento principal estuvo relacionado con el intento de la UE por reducir los desechos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores.

Según las expectativas de los legisladores, tras la implementación de la medida se podría reducir cerca de 11,000 toneladas de basura al año, así como ahorrar 250 millones de euros en “compras innecesarias de cargadores”.

De acuerdo con datos presentados por el bloque, la mitad de los cargadores vendidos con smartphones en 2018 tenían conector USB micro-B, mientras que el 29% tenían USB-C y el 21% restante poseía el conector Lightning.

Ante la pregunta de si esta medida va dirigida a cambiar las dinámicas para Apple, Thierry Breton, comisionado para el mercado interno de la UE, señaló que ese no era el caso. “La regla se aplica a todos.

No se adopta en contra de nadie. Trabajamos para los consumidores, no para las empresas”, sentenció.

Esta regla también deberá aplicarse para todos los tipos de dispositivos electrónicos, como tabletas, lectores electrónicos, cámaras digitales, auriculares, consolas de videojuegos portátiles o lectores electrónicos.

Sin embargo, las computadoras portátiles tendrán que cumplir con la disposición dentro de los 40 meses posteriores a la entrada en vigor de las normas.