CDMX .-Se publicó en redes y medios de comunicación como la noticia de ocho columnas. Este 27 de agosto de 2025, la sesión de la Comisión Permanente del Senado culminó en un altercado físico entre el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. El incidente se produjo al finalizar la interpretación del Himno Nacional, cuando Moreno se acercó a Noroña para reclamarle por no haberle otorgado la palabra durante la sesión. El intercambio verbal escaló rápidamente, resultando en empujones y golpes entre ambos legisladores.
Durante el forcejeo, un colaborador de Noroña, el camarógrafo Emiliano González, intentó intervenir y fue derribado, sufriendo lesiones que requirieron atención médica. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una amplia cobertura mediática.
Tras el altercado, Fernández Noroña anunció en conferencia de prensa que presentaría denuncias penales contra Alejandro Moreno y otros legisladores del PRI por lesiones, amenazas de muerte y daño en propiedad ajena. Además, exigió el desafuero de Moreno y de los priistas involucrados en el incidente, calificándolo como una agresión premeditada y sin precedentes en la historia legislativa del país.
Por su parte, Alejandro Moreno negó haber iniciado la agresión y aseguró que fue Noroña quien lo empujó primero. El líder priista también afirmó que su confrontación con Noroña fue una respuesta a lo que consideró una falta de respeto hacia las legisladoras y legisladores, así como una violación de acuerdos internos del Senado.
El incidente ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los círculos políticos, reavivando la discusión sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y la responsabilidad de los legisladores en el ejercicio de sus funciones. Además, ha puesto de manifiesto las tensiones internas dentro del partido Morena, especialmente tras recientes declaraciones de Fernández Noroña que sugirieron una posible división dentro del movimiento.
La situación también ha atraído la atención de organismos de derechos humanos y observadores internacionales, quienes han expresado preocupación por el uso de la violencia en el ámbito legislativo y han instado a una investigación imparcial del incidente.
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