Guadalajara, Jalisco.- El Gobierno de Jalisco realizó cuatro procesos de inhumación durante enero en el Panteón Guadalajara, donde fueron depositados 39 cuerpos de personas fallecidas y no reclamadas.
Las diligencias fueron coordinadas por la Agencia Especializada en la Identificación, Inhumación y Exhumación de Personas Fallecidas, con participación de distintas instancias estatales y municipales.
El objetivo principal fue garantizar un trato digno a las personas fallecidas que permanecían bajo resguardo institucional, luego de agotarse los procedimientos correspondientes.
La palabra clave de este proceso es: inhumación digna.
Inhumación digna en Guadalajara
Durante enero se efectuaron cuatro jornadas de inhumación, con fechas específicas el 9, 22, 23 y 30 de enero, como parte de los protocolos establecidos.
El 22 de enero se inhumaron 10 personas identificadas que no fueron reclamadas por sus familiares, tras concluir los actos de localización.
Un día después, el 23 de enero, se realizó un segundo procedimiento similar, con la sepultura de otras 10 personas en condiciones equivalentes.
En estos casos, al tratarse de personas identificadas, la Comisión de Inhumación no intervino, al considerarse la etapa final del proceso administrativo.
Inhumación digna y participación de colectivos
El 30 de enero se llevó a cabo otro proceso, derivado de una recomendación formal de la Comisión de Inhumación, emitida el 13 de enero.
En esa jornada fueron inhumadas 10 personas, de las cuales seis no estaban identificadas y cuatro sí contaban con identidad confirmada.
Adicionalmente, el 9 de enero se efectuó la inhumación de nueve personas más, como parte del mismo esquema institucional.
De las 39 personas inhumadas, 34 eran hombres y cinco mujeres, todas bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El IJCF realizó los trámites ante el Registro Civil, además de gestionar los servicios funerarios correspondientes en el panteón municipal.
En los operativos participaron personal forense, autoridades investigadoras, derechos humanos y seguridad pública, garantizando transparencia y legalidad.
