Jalisco, México.- La trayectoria pública de Leonardo Almaguer Castañeda, actual diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Jalisco, ha generado atención tras revelarse un antecedente penal.
De acuerdo con registros judiciales y reportes periodísticos, el hoy legislador enfrentó un proceso penal en 2004, relacionado con delitos considerados graves.
Los hechos ocurrieron cuando Leonardo fue detenido en Jalisco, señalado como presunto integrante de un grupo dedicado al robo de camiones de carga.
Las investigaciones de la entonces Procuraduría estatal indicaban que las actividades ilícitas se realizaban de manera organizada y, en algunos casos, con uso de violencia.
Tras permanecer privado de la libertad, en 2007 el proceso penal fue cerrado mediante una suspensión condicional del procedimiento.
Lo que ocasionó que la figura jurídica que permitió concluir el caso sin una sentencia condenatoria.
Este mecanismo contempló el cumplimiento de requisitos legales y económicos, conforme a la normatividad aplicable, sin que se emitiera una resolución definitiva de culpabilidad.
Leonardo Almaguer y su carrera política
Años después, Leonardo Almaguer incursionó en la vida política hasta llegar al Congreso del Estado de Jalisco como diputado por el Distrito 13.
Su llegada se dio bajo las siglas del PT, en alianza electoral con Morena y el Partido Verde, coalición que obtuvo representación legislativa.
Actualmente, el legislador coordina la bancada del PT y participa en comisiones vinculadas a temas sociales y de derechos humanos, de acuerdo con información institucional.
Leonardo Almaguer y el debate público
La difusión de este antecedente ha reactivado el debate público sobre los filtros de elegibilidad para ocupar cargos de elección popular en México.
Especialistas y ciudadanos han cuestionado los criterios legales vigentes, que permiten el acceso a funciones legislativas a personas con procesos penales previos no sentenciados.
Hasta el momento, ni Leonardo Almaguer ni el Partido del Trabajo han emitido un posicionamiento oficial sobre la información que ha circulado públicamente.
El tema continúa generando reacciones y abre una discusión sobre transparencia, antecedentes legales y responsabilidad pública en los procesos democráticos.
