El gobierno federal rechaza propuestas del INE sobre presupuesto y autonomía que ajusta su valoración económica y refuerza su independencia en el marco de la reforma electoral en curso.
Posición oficial del gobierno
El gobierno federal rechazó esta iniciativas formuladas en donde el INE buscaba vincular su presupuesto al Producto Interno Bruto (PIB) y establecer una fórmula automática para asegurar recursos, al advertir que este enfoque podría generar costos permanentes y desbalancear las prioridades fiscales.
Al respecto, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, argumentó que el presupuesto del INE no debe estar ligado automáticamente a indicadores como el PIB o el padrón electoral, ya que esto implicaría aumentos constantes incluso en contextos económicos adversos.
Gómez destacó que el propósito de la reforma electoral es reducir costos y hacer más eficientes los recursos públicos, por lo que vincular el presupuesto del instituto a una fórmula fija podría ir en contra de esa lógica, según fuentes oficiales que participaron en la discusión.
Debate sobre autonomía e independencia
Aunque el gobierno federal rechaza propuestas del INE para determinar su financiamiento, también afirmó que la independencia de las autoridades electorales debe preservarse.
Sin embargo, el concepto de autonomía absoluta fue cuestionado por el titular de la comisión, quien señaló que ningún órgano administrativo puede ejercer autonomía total sin rendición de cuentas, aunque sí debe mantener independencia en sus decisiones operativas.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, subrayó que el organismo ha sabido adaptarse a reformas anteriores y que fortalecer tanto su autonomía como su capacidad técnica, incluyendo aspectos presupuestales, es fundamental para garantizar procesos electorales confiables y transparentes.
Qué sigue en la reforma
Tras la negativa a determinadas propuestas del INE sobre presupuesto y autonomía, la Comisión Presidencial continuará analizando las propuestas de reforma electoral para integrar un proyecto que será remitido al Congreso de la Unión. El debate incluye temas clave como el financiamiento de partidos, la fiscalización del gasto electoral y la estructura de las futuras elecciones.
