La estrategia federal busca recuperar la paz en Michoacán tras ola de violencia; se incrementa estado de fuerza y operativos en municipios conflictivos.
Qué anunció Harfuch en la conferencia
En una conferencia de prensa celebrada este 30 de noviembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer los resultados recientes del plan de seguridad desplegado en Michoacán. Entre los datos más relevantes informó que se han detenido 932 personas por delitos de alto impacto, y se han asegurado 924 armas de fuego, parte del esfuerzo contra el crimen organizado.
Asimismo, detalló que se ha desplegado un estado de fuerza importante, con más de 12 000 agentes —entre fuerzas federales, Guardia Nacional, Marina, Sedena y autoridades estatales— operando en la entidad.
Medidas clave de la estrategia
El plan contempla:
- Refuerzo de seguridad en municipios afectados por violencia y extorsión, especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan.
- Equipamiento y capacitación para policías municipales, así como la aplicación de controles de confianza.
- Operativos de inteligencia con apoyo federal para desarticular células criminales, decomisar armas y drogas, y frenar extorsiones.
Contexto: por qué Michoacán es prioridad
La necesidad de estas acciones se intensificó tras incidentes graves como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que motivó al gobierno federal a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad —tal como había adelantado la SSPC.
Además, autoridades denunciaron que grupos criminales habían hecho presencia en múltiples municipios, provocando violencia, bloqueos y agresiones contra policías.
Qué sigue: expectativas y alertas
Harfuch aseguró que mantienen presencia constante en Michoacán, con operaciones permanentes de seguridad y vigilancia. Las autoridades también pidieron colaboración ciudadana para denunciar delitos, con el fin de consolidar una estrategia de paz.
No obstante, persisten retos: la población exige resultados concretos, reducción del impacto de la violencia y justicia para víctimas recientes —un contexto que pone en la mira la responsabilidad del gobierno.
