YUCATÁN.- El sector empresarial de Yucatán cerró filas para expresar su desacuerdo ante la posibilidad de que el Gobierno del Estado implemente nuevos impuestos o aumente los ya existentes, al considerar que estas medidas afectarían directamente la competitividad y el desarrollo económico de la región.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Yucatán, presidida por Alejandro Gomory Martínez, advirtió que la entidad ya figura “entre las siete con mayor carga fiscal del país y con algunas de las tasas más elevadas”.
Según un análisis realizado por el organismo, Yucatán se encuentra dentro del grupo de estados que aplican los seis impuestos estatales posibles, posicionándose como la tercera entidad con mayor presión tributaria.
Gomory Martínez señaló que el Impuesto Sobre Nómina (ISN), que actualmente se ubica en 3%, es uno de los que más inquietud genera entre los industriales.
“Nos oponemos a cualquier incremento porque este gravamen solo recae en las empresas formales, sin impactar a la economía informal. Además, al ser un impuesto dinámico, se ve influido por su propia tasa y por los aumentos salariales”, explicó.
En la misma línea, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur) pidió al Ejecutivo estatal abstenerse de elevar los impuestos vigentes o crear nuevos cargos fiscales.
José Enrique Molina Casares, presidente del organismo, señaló que cualquier ajuste al alza tendría repercusiones inmediatas: “Un incremento generaría presiones inflacionarias y afectaría sectores esenciales como la vivienda, la construcción, la manufactura y la logística”.
Por su parte, el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex Mérida), que representa a más de 600 compañías locales, también manifestó su rechazo absoluto a cualquier modificación tributaria que implique mayores cargas para las empresas en el ejercicio fiscal 2026.
El dirigente del organismo, Emilio Blanco del Villar, subrayó que el contexto económico actual exige prudencia del Gobierno estatal: “La prioridad debe ser contener el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa, no trasladar más obligaciones a los contribuyentes”.
Los tres organismos coincidieron en que elevar la carga impositiva frenaría la inversión, restaría competitividad a la región y enviaría un mensaje negativo en un momento en que la iniciativa privada enfrenta importantes desafíos económicos.
