By Con mayoría oficialista, la Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley de Amparo que limitan la suspensión de normas impugnadas; legisladores de oposición califican la medida como una “destrucción del Estado de derecho”.
CIUDAD DE MÉXICO. — La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa impulsada por el bloque oficialista que busca limitar los efectos de las suspensiones otorgadas por jueces federales, especialmente en casos donde se impugnan leyes o actos de autoridad considerados de interés público.
Con 258 votos a favor, 213 en contra y una abstención, el pleno avaló el dictamen que modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, eliminando la posibilidad de que los jueces suspendan la aplicación de normas de carácter general cuando la medida afecte a terceros o se trate de políticas públicas consideradas prioritarias.
La reforma fue presentada por legisladores de Morena, PT y PVEM, quienes argumentaron que el objetivo es evitar el uso político del amparo para frenar decisiones del gobierno y garantizar que los programas y obras de interés social no sean suspendidos por intereses particulares.
“Con esta reforma buscamos equilibrar el interés público con los derechos individuales. No se está eliminando el amparo, solo evitando su abuso”, señaló la diputada morenista Martha García, integrante de la Comisión de Justicia.
Sin embargo, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano advirtieron que la medida representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, al restringir uno de los principales mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a los actos del poder público.
“Están destruyendo el Estado de derecho. Con esta reforma, los ciudadanos quedarán indefensos ante abusos de autoridad”, denunció el diputado Jorge Triana (PAN).
Durante la discusión, legisladores de oposición exhibieron carteles con la leyenda “No al autoritarismo judicial” y pidieron detener la aprobación de la reforma para abrir un proceso de parlamento abierto.
El dictamen ahora será turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación en lo particular. De avanzar sin cambios, la nueva ley limitará la posibilidad de suspender leyes o políticas gubernamentales mientras se resuelven los juicios de amparo, lo que —según expertos— podría debilitar el control judicial sobre los actos del Estado.
